Los bancos salvadoreños cerraron las cuentas a Alba Petróleos y le ordenaron transferir todo su dinero a otros establecimientos, publicó un medio de comunicación escrito. Esto es consecuencia de las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a principios de 2019, como parte de la lucha que el gobierno de Donald Trump ha emprendido contra Nicolás Maduro.
De acuerdo con la publicación Alba Petróleos de El Salvador ha realizado transferencias “millonarias” a Panamá a sociedades creadas por dirigentes del FMLN. Ese país es considerado un paraíso fiscal y su sistema financiero, con más de 200 bancos, ha servido para el lavado de dinero y para esconder fondos obtenidos ilícitamente.
Las sanciones aplican a “todos los bienes e intereses de PDVSA sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos”, dio a conocer Steven T Mnuchin, secretario del Tesoro estadounidense, a principios del año.
La expulsión la confirmó a Diario El Mundo, José Luis Merino, asesor de la empresa de capital mixto. Las acciones incluyen la prohibición de hacer transacciones financieras, depósitos al exterior, abono a cuentas de sus deudores, no poder pagar a PDVSA Venezuela, entre otros.
Para intentar saltarse las sanciones, Alba sacó su dinero y ha buscado otras instancias del sistema financiero para mantener sus operaciones. El autor del artículo escribió: una fuente dijo que creó cuentas en “cooperativas y cajas de crédito”.
Merino, de acuerdo con la publicación, disculpó a los banqueros nacionales porque solo están siguiendo las órdenes de la gran banca internacional que, al final de cuentas, es la propietaria de los bancos nacionales. Eso es, según el dirigente efemelenista, una “extorsión política” del “imperio norteamericano”.
En abril de 2016 El Faro.net publicó que Alba tiene ocho empresas offshore en ese país para reducir el pago de impuestos en El Salvador. En Panamá el pago de impuestos sobre las ganancias es aproximadamente 1.6 por ciento menos que aquí, de acuerdo con centros de estudios económicos centroamericanos.
Las offshore de Alba, de acuerdo con El Faro, las creó la firma de abogados Infante & Pérez Almillano, la misma que creó las empresas que Carlos Pérez y Mario Orellana ocuparon para ocultar dinero de sobornos que recibieron mientras administraron ANDA.
A mediados de marzo de este año Jean Manes, embajadora estadounidense en el país, confirmó que las sanciones del Departamento del Tesoro también iban a afectar a Alba de El Salvador, sociedad mixta creada por alcaldías administradas por el FMLN y por Alba Petróleos de Venezuela. Los impulsores de esta alianza fueron los fallecidos Hugo Chávez Frías y Schafick Hándal, como una estrategia de financiamiento e intercambio alternativo a las relaciones comerciales controladas por Estados Unidos.
La empresa estatal venezolana es la propietaria del 60 por ciento de las acciones de Alba de El Salvador. Las alcaldías son propietarias del 40 por ciento restante.
José Luis Merino y sus negocios oscuros
José Luis Merino, conocido en los años de la Guerra Civil como Ramiro Vásquez, también fue uno de los promotores y principal beneficiario del negocio con el petróleo venezolano. Él es uno de los tres dirigentes del partido oficial que más poder ostentaron desde el fallecimiento de Schafick Hándal hasta la intensificación de la crisis política en la Venezuela post Chávez.
El efemelenista, además, ha sido señalado por corrupción y por sus negocios oscuros con personajes de reputación manchada. A finales de febrero de 2018, por ejemplo, La Prensa Gráfica publicó que Merino había vendido por $1 un buque valorado en $1,800, 000. Posteriormente la Fiscalía General de la República anunció que investigaría un posible lavado de dinero en esa transacción.
Douglas Meléndez, entonces fiscal general, reveló también que Merino tenía abiertos dos expedientes en la Fiscalía por presuntos actos ilícitos: vínculos con el mundo del narcotráfico y contrabando de armas en colaboración con la extinta guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
En agosto de 2018, un grupo de congresistas los partidos Demócrata y Republicano pidió al gobierno estadounidense que sancione a Merino y a su supuesto socio Enrique Rais por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y la corrupción. La petición implica aplicar la conocida como Ley Magnitsky que implica ahogar financieramente a los relacionados con negocios oscuros en todo el mundo.
En junio de 2017 otro grupo de 14 congresistas pidió al Departamento del Tesoro promover una investigación contra Merino por sus supuestos movimientos en el mundo del narcotráfico y el lavado de dinero.
En agosto de ese mismo año La Prensa Gráfica publicó que Merino y Rais se comunicaban vía correo electrónico para intervenir en la concesión de Puertos Cortes, en Honduras, a favor de una empresa española que quería ganar la concesión que en ese entonces estaba a punto de entregar el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
José Luis Merino junto a expresidente hondureño Porfirio Lobo y Enrique Rais. Foto Sergio Arauz. Tomada del blog El Diván.
Rais y Merino, de acuerdo con la publicación, pretendían lograr términos de referencia a la medida de la empresa española a la que aparentemente servían como intermediarios con el gobierno de Lobo.
¿Qué ganarían si ganaban la adjudicación? Convertirse en socios de un negocio que anualmente puede dejar ganancias de hasta $47,000, 000.
El reportaje señala, además, que Merino mantenía una estrecha relación con Lobo Sosa desde que intervino en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que Honduras fuera nuevamente admitida después del Golpe de Estado que terminó en el exilio del expresidente José Manuel Zelaya.
El protegido
En el país, Merino tiene una coraza de protección. El 19 de octubre de 2016 el presidente Salvador Sánchez Cerén lo nombró viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, cargo que fue creado para que él lo ocupara después que perdió la inmunidad al finalizar su periodo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Como viceministro goza de inmunidad y tiene derecho a pasaporte diplomático con las prerrogativas que eso implica.
En la práctica desempeña funciones como, por ejemplo, las que ya desempeñan las autoridades del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones (PROESA) o como las que desempeñan el Ministerio de Economía o el comisionado presidencial para la Inversión, cargo que desde marzo de 2018 ocupa el vicepresidente Óscar Ortiz.
En agosto de 2018 el vicepresidente Ortiz desestimó los señalamientos contra Merino originados desde el Congreso estadounidense.
La Fiscalía General tampoco ha presentado ninguna acusación formal contra el dirigente efemelenista.