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Aplazan juicio contra exdirectores de penales vinculados a tregua entre pandillas

Entre 2012 y 2014, las principales pandillas de El Salvador pactaron una tregua para reducir los índices de violencia en el país, armisticio que fue impulsado por Funes, según reconocieron él mismo y otros funcionarios de alto rango.

ACAN-EFE
Foto Diario 1/ Archivo
Foto Diario 1/ Archivo

Una corte de sentencia de El Salvador aplazó este lunes el comienzo de un juicio contra dos exdirectores del sistema carcelario nacional por delitos de corrupción, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La fuente estatal detalló que el Tribunal Cuarto de Sentencia de Salvador “declaró abandonada la defensa” de Rodil Hernández, director general de Centros Penales entre 2013 y 2017, por lo que aplazó el juicio y lo reprogramó para el próximo 26 de agosto.

Junto a Hernández también será juzgado su antecesor Nelson Rauda (2012-2013), ambos por los delitos de “actos arbitrarios y administración fraudulenta”.

Según el Ministerio Público, Rauda y Hernández, quienes permanecerán en libertad condicional, realizaron un “mal uso” de más de 200.000 dólares entre los años 2012 y 2014 para pagos de “inteligencia”, gatos que no señala la Ley Penitenciaria.

“La ley establece que dichos fondos serán utilizados en beneficio de la población reclusa y en mejoras de los centros penales”, dijo a periodistas uno de los fiscales del caso, quien señaló que esperan un “fallo condenatorio”.

Por su parte, Hernández apuntó que espera que la “Justicia pueda determinar que las actuaciones estuvieron apegadas a derecho” y que “nunca actuamos en detrimento de la población privada de libertad”.

El órgano Judicial explicó en diciembre pasado que la acusación fiscal señala que el dinero se usó “para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron con la tregua entre pandillas” impulsada por el expresidente Mauricio Funes (2009-2014).

Entre 2012 y 2014, las principales pandillas de El Salvador pactaron una tregua para reducir los índices de violencia en el país, armisticio que fue impulsado por Funes, según reconocieron él mismo y otros funcionarios de alto rango.

Funes, asilado en Nicaragua y procesado por corrupción, atribuyó a la tregua entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.

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