Cuatro agentes de elite de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador fueron enviados este miércoles a prisión preventiva por intento de homicidio agravado, informó la Fiscalía.
La fuente, que no detalló las identidades de los uniformados ni las circunstancias de los hechos cuestionados, señaló que el delito fue perpetrado el pasado 8 de marzo en la localidad de Apopa.
Por su parte, Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), publicó en sus redes sociales que el juez de la causa advirtió que existen indicios del delito de tortura y «ha solicitado que así se investiguen».
De igual forma, el jesuita español José María Tojeira, director del Idhuca, destacó la decisión del juzgador y señaló que la víctima es un «muchacho quemado»
El activista de derechos humanos lamentó en su cuenta de Twitter que a la audiencia inicial «llegaron una docena de policías con armas largas», lo que «suena como presión a la Justicia».
La Fiscalía salvadoreña informó sobre la detención de los policías la noche del 15 de abril pasado, pero en esa fecha indicó que se trataba únicamente de «un sargento y dos agentes».
Según diversos informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Policía encabeza las denuncias por violaciones a derechos humanos.
Un informe de la titular de la PDDH, Raquel Caballero, de noviembre de 2018 establece que la mayoría de las denuncias están relacionadas con los derechos a la integridad, seguridad personal, trabajo y debido proceso.
La procuradora Caballero dijo el pasado 28 de noviembre que investiga 48 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad y otros grupos.
Estos casos de ejecuciones extrajudiciales se suman a los al menos 159 investigados desde 2013, registrados principalmente en supuestos tiroteos entre policías y pandilleros, de los que la mayoría de indagaciones en la PDDH comenzó David Morales, el antecesor de Caballero.
Diferentes organizaciones sociales han denunciado en varias ocasiones un incremento en las violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, entre las que destacan las ejecuciones extrajudiciales de supuestos pandilleros, la detenciones arbitrarias de jóvenes y la creación de cárceles clandestinas.