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Condenan a Funes y Munguía Payés por violar ley militar

Los magistrados señalaron que Mauricio Funes y David Munguía Payés debieron respetar los nombramientos hechos en la orden general de enero de 2009.

Redacción
Fotoarte D1.
Fotoarte D1.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó al expresidente Mauricio Funes y al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, por haber sustituido a nueve miembros del Tribunal de Selección para el Ascenso a General de Brigada.

La demanda fue interpuesta por José Ágreda López, quien presidía el Tribunal de Selección cuando fue sustituido por Jaime Guzmán Morales.

En la resolución de la Sala se establece que Funes y Munguía Payés deben resarcir los gastos procesales al demandante.

Los magistrados también abrieron la posibilidad para otro proceso en el que el demandante exija retribución por daños materiales y morales.

En su resolución, los magistrados indicaron que Funes y Munguía Payés violaron el inciso segundo del artículo 14 de la Ley de la Carrera Militar.

Señalaron que Funes y Munguía Payés debieron respetar los nombramientos hechos en la orden general de enero de 2009.

“Legalmente no era posible sustituirlos mediante otra orden general distinta a la primera”, dice El fallo judicial emitido el pasado 6 de febrero.

Una cadena de acusaciones 

El expresidente Mauricio Funes tiene al menos cinco procesos penales por delitos de corrupción. Uno de ellos es por su presunta participación en el desfalco de más de $350 millones, Funes además es acusado por peculado (dar sobornos), ya que se habría beneficiado de una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.

En la trama conocida como “Caso Corruptela”, Funes habría sobornado a Martínez para no se investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El pasado 4 de enero, en el último día de la gestión de Douglas Meléndez como fiscal general de la República, dicha institución presentó dos nuevas acusaciones contra el expresidente Funes, una de ellas por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.

La otra orden de captura solicitada ese día por la Fiscalía es por divulgar en medios de comunicación el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.

Por si fuera poco, la Fiscalía anunció que tiene investigaciones abiertas contra Funes por supuestos pagos de sobornos a diputados para aprobar medidas favorables a su gobierno, según trascendió en unos audios publicados en una investigación de la revista digital Factum, lo cual podría acarrearle en un futuro una sexta orden de captura en su contra. Últimamente fue acusado por evasión de impuestos.

Solicitud de extradición

El pasado 21 de marzo, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó por unanimidad solicitar a Nicaragua la extradición de Mauricio Funes, en respuesta a la solicitud que en octubre de 2018 realizó el Juzgado Séptimo de Instrucción, el cual es el encargado de ver los cuatro casos que pesan sobre el expresidente.

La solicitud de extradición era conocida por la Corte Plena desde octubre de 2018 y la misma fue requerida por la participación de Funes en el caso denominado “Saqueo Público”, en el cual es acusado por los delitos de Peculado y Lavado de dinero y activos, como parte de una red que habría desfalcado un estimado de $351 millones del erario público a través de modificaciones presupuestarias que pasaron sin control a diversas partidas de gastos reservados.

La justicia salvadoreña intentó gestionar con Interpol dos órdenes de captura contra Funes, pero ambas fueron rechazadas por distintas razones. En la primera oportunidad, la entidad con sede en Lyon, Francia, sostuvo que la condición de asilado que tiene el exmandatario hace inviable la publicación de la difusión roja, mientras que en la segunda ocasión alegó que la referida orden es de “localización”, y en el caso de Funes no es necesaria su localización, ya que se conoce que se encuentra en Nicaragua.

En la solicitud de extradición enviada por el juzgado Séptimo de Instrucción están contemplados además la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza , y dos de sus hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.

Guzmán Sigüenza s acusada por lavado de dinero, mientras que los hijos del expresidente son requeridos por la justicia bajo el cargo de Caso Especial de lavado de dinero y activos.

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