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Fiscal general pide levantar reservas judiciales en casos de corrupción

A algunos de los casos más sonados de corrupción se les ha decretado reservas por parte de sus respectivos jueces.

Redacción
Foto tema.
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El fiscal general Raúl Melara pidió este lunes mediante su cuenta de Twitter que se levanten las reservas judiciales sobre todos los casos relacionados con corrupción que actualmente se ventilan en el sistema judicial.

“La gente tiene derecho a saber. He ordenado que se pida levantar la Reserva Judicial, en todos los casos ligados a corrupción”, fue el mensaje compartido por Melara.

El mensaje de Melara surge semanas después de conocerse que algunos prominentes casos de corrupción como “Saqueo Público” y “Corruptela”, en los que está implicado el expresidente Mauricio Funes, tienen reserva total.

Ambos casos, además de la divulgación de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por parte del expresidente Funes, son conocidos por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.

Si dicho juzgado levanta las sospechas judiciales de dichos casos, eso implicará que la prensa y el público en general podrá conocer los expedientes de los procesos, en los que se relatan los hechos que han derivado en acusación de implicados y las pruebas en las que se fundamentan, tanto documentales, materiales y testimoniales.

Se cree que casos como “Corruptela” y “Saqueo Público” cuentan con el testimonio de personas que han recibido el criterio de oportunidad, por haber participado en el cometimiento de los delitos y que han decidido colaborar con la justicia a cambio de tratos preferenciales.

El caso que motivó pedir la extradición de un expresidente.

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Mauricio Funes. Foto: Archivo.

El caso “Saqueo Público” fue destapado por la Fiscalía en junio de 2018. En el proceso se acusa a Mauricio Funes de Peculado y Lavado de dinero y activos, como parte de una red que habría desfalcado un estimado de $351 millones del erario público a través de modificaciones presupuestarias que pasaron sin control a diversas partidas de gastos reservados.

El juzgado Séptimo de Instrucción solicitó en octubre de ese mismo año a la Corte Suprema de Justicia la extradición de Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, para evadir los procesos judiciales en su contra.

El pasado 21 de marzo, el Pleno de magistrados aprobó por unanimidad solicitar a Nicaragua la extradición de Funes. El la solicitud que en octubre pasado envió el juzgado Séptimo de Instrucción, están contemplados además la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza , y dos de sus hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.

Guzmán Sigüenza es acusada por lavado de dinero, mientras que los hijos del expresidente son requeridos por la justicia bajo el cargo de Caso Especial de lavado de dinero y activos.

Al caso se le impuso reserva judicial debido a que el caso contempla un menor de edad, el hijo de Funes y la exprimera Dama Vanda Pignato, quien también está siendo procesada por delitos de corrupción y actualmente tiene medidas sustitutivas al arresto, debido a su estado de salud.

Este no es el único caso por el que Funes deberá enfrentar la justicia salvadoreña. El 17 de octubre de 2018 se le giró al exgobernante una segunda orden de captura por su participación en el denominado “Caso Corruptela”, que implica una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.

De acuerdo con las investigaciones, y otros empresarios, habrían sobornado a Martínez para que no fueran investigados por varios casos en los que estaban implicados, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Por tal razón se le acusa a Funes por el delito de cohecho activo.

Además de Funes, el exempresario de la basura Enrique Rais está implicado en el caso. Rais es prófugo de la justicia desde enero de 2017, cuando desobedeció la orden de un juez de regresar a prisión por otro caso, en el que se le acusa de encabezar una red de corrupción judicial, en la que se sobornaba a jueces y a fiscales, a cambio de que el exempresario saliera favorecido en procesos judiciales.

El principal beneficiario de los sobornos pagados por la red de corrupción investigada en el caso corruptela es el exfiscal general Luis Martínez, quien está preso desde enero de 2017 en el penal de Mariona, donde ya purga una condena por revelar material reservado y le queda por enfrentar otros procesos en los que es acusado de delitos que van desde omitir investigaciones hasta lavado de dinero.

Para incurrir en lavado de dinero, Martínez habría introducido al sistema financiero dinero proveniente de dádivas y de cuentas reservadas de la Fiscalía, sin que esta institución bancaria informara de dichas operaciones irregulares.

Estas aseveraciones las realizó la Fiscalía, cuando en octubre pasado sacó a luz la denominada “Operación Corruptela”, que involucra al exfiscal Martínez con una red de venta de justicia a cambio de dádivas. Por tal razón se le acumularon 10 delitos, entre ellos lavado de dinero.

Dicha red implicaba la contratación de consultorías de pantalla y de personal con afinidad al exfiscal Martínez, que ayudaban al desvío de dinero que posteriormente iba a dar al pago de gastos suntuosos.

De acuerdo con investigaciones relacionadas al caso, develadas en su momento por el periódico digital El Faro, el exfiscal Luis Martínez pagó cuatro tarjetas de crédito por un monto superior a los $361 mil.

Como parte de la Operación Corruptela, Martínez y su séquito habrían sustraído de cuentas especiales de la Fiscalía más de $735 mil y además habrían recibido dádivas por más de $1.5 millones por parte de personas como el exempresario de la basura Enrique Rais y el expresidente Mauricio Funes.

La Fiscalía sostiene que Martínez habría depositado en un banco de El Salvador, a través de testaferros, los dineros provenientes de los sobornos pagados por el prófugo de la justicia Enrique Rais.

Las reservas en los casos del expresidente Saca

FOTO: D1/EFE

FOTO: D1/EFE

El caso “Destape a la corrupción”, el cual está segmentado en varias partes, también tiene reservas judiciales. En dicho proceso se acusa al expresidente Saca y a su círculo más cercano de funcionarios de desviar y lavar 250 millones de dólares del tesoro público entre los años 2004 y 2009, cuando fue presidente de la República.

Por tal razón, Saca fue condenado en septiembre de 2018 a 10 años de cárcel, luego de confesar su participación en dicha red de corrupción. En la otra parte del caso está acusada su esposa Ana Ligia de Saca, quien todavía aguarda la audiencia preliminar para conocer si afrontará juicio por delitos de corrupción.

Entre otras cosas, Saca confesó que mientras fue presidente de El Salvador se robó varios millones de dólares para beneficio personal, de su familia y de sus amigos. El expresidente explicó el complejo mecanismo que utilizó para desviar el dinero público a cuentas personales y detalló que para ello utilizó a testaferros entre los que estaban el expresentador televisivo, Jorge Hernández, y el contador Irving Pavel Tóchez.

Saca además afronta otro proceso en el que se le acusa de sobornar a una colaboradora judicial, a cambio de que esta le filtrara detalles de su juicio civil por enriquecimiento ilícito. De la misma forma se le acusa por lavado de dinero por la desviación de donativos millonarios por el gobierno de Taiwán durante el mandato de Francisco Flores (1999-2004), que eran destinados para los afectados de los terremotos de 2001.

Jorge Hernández: Testaferro y testigo protegido

Foto D1/ Miguel Lemus

Foto D1/ Miguel Lemus

El expresentador y expropietario de medios, Jorge Hernández, afronta una serie de procesos legales en los que se le acusa de delitos que van desde la retención de cuotas salariales a exempleados, hasta lavado de dinero.

Hernández se encuentra bajo arresto domiciliar desde junio de 2018, debido a complicaciones de salud que lo llevaron a abandonar el penal La Esperanza (Mariona), con rumbo hacia un hospital, por lo que se le cambió las medidas de detención provisional por el confinamiento en su residencia.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el expresentador creó dos empresas para ayudarle al expresidente Saca a lavar varios millones de dólares: Marketing and Services  y Unicentro, S.A. de C.V. En esa acusación consta que la Sociedad Marketing and Service recibió, durante el año 2007, fondos  provenientes del gobierno del presidente Antonio Saca.

Jorge Hernández fue acusado de lavar 5.2 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias del gobierno de Antonio Saca. Sin embargo, al excomunicador se le otorgó criterio de oportunidad, es decir, que confesara sus delitos y que delatara a sus cómplices a cambió de no integrarlo al proceso judicial que acabó con la condena del expresidente Saca a 10 años de cárcel.

De la misma forma es uno de los testigos con criterio de oportunidad usados por la Fiscalía en las diversas acusaciones por actos de corrupción contra el expresidente Mauricio Funes.

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