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Condenan a Nicola Angelucci a 10 años de cárcel por malversación en caso Infocentros

El Tribunal de Sentencia lo encontró culpable de malversar más de $6 millones entre 1999 y 2009.

Redacción
Nicola Angelucci custodiado por la PNC.
Foto D1/Archivo.
Nicola Angelucci custodiado por la PNC. Foto D1/Archivo.

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador resolvió de manera mayoritaria condenar al expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci, a 10 años de cárcel por el delito de peculado continuado en perjuicio de la administración pública, al ser encontrado culpable de malversar $6,173,000 en el período que comprende de 1999 a 2009.

La Fiscalía había solicitado 15 años de cárcel para Angelucci por este delito, mientras que hasta ocho años de cárcel por el delito de negociaciones ilícitas, delito por el cual el Tribunal decidió absolverlo por voto unánime de sus jueces.

El expresidente del BMI era acusado en el caso junto con el exdirector ejecutivo del antiguo proyecto Infocentros, Sigfredo Armando Figueroa Salinas, quien era señalado por el delito de peculado en grado de cómplice necesario. No obstante, los tres jueces del Tribunal decidieron absolverlo por unanimidad.

Angelucci y Figueroa fueron capturados el 21 de septiembre de 2016 por orden fiscal, la cual los acusó de ser los responsables de una malversación con fondos estatales para proyectos informáticos que no se habrían ejecutado.

Cinco días más tarde, el juzgado Cuarto de Paz le decretó a ambos acusados medidas sustitutivas al arresto. En marzo de 2018 el juzgado Cuarto de Instrucción decidió enviarlos a juicio, el cual concluyó casi un año después, el pasado 26 de febrero.

La Fiscalía intentó que se les impusiera arresto domiciliar a ambos acusados, pero el Tribunal consideró que ambos habían cumplido las medidas sustitutivas al arresto y que no había peligro de que se fugaran.

Con relación a la responsabilidad civil, la Fiscalía requirió que el Tribunal la estableciera de forma solidaria, y que además decidiera el porcentaje por el que cada uno de los acusados debe responder. Con base al dictamen dado a conocer este martes, quedará por verse la responsabilidad civil que Angelucci deberá encarar.

En el desarrollo del juicio declararon 26 testigos de cargo y 11 de descargo; además dos peritos financieros contables, uno presentado por la Fiscalía y el otro por parte de la defensa de Angelucci, los cuales fueron interrogados sobre auditorías realizadas a la documentación, sobre los convenios realizados entre el BMI e Infocentros.

Tras conocerse el fallo, el abogado de Angelucci, Mario Machado, sostuvo que el mismo es producto de “revanchismo” debido a una demanda judicial que se interpuso contra los tres jueces del Tribunal, la cual tienen planeado darle continuidad. Por su parte, la parte Fiscal se dijo satisfecha por el fallo y la condena.

Los descubrimientos que apuntan a la malversación

angelucc

Según la Fiscalía, Angelucci habría malversado $6,173,188.61 durante el periodo de 1999 al 2009, cuando se dio una apropiación de fondos del BMI  para trasladarlos a la Asociación Infocentros, cuando no era permitido por ser una asociación  sin fines de lucro. Angelucci también era presidente de la Asociación Infocentro y con esta doble calidad de funciones  se hizo valer de su cargo para favorecer la suscripción de convenios con dicha entidad.

Las investigaciones en contra de Angelucci y Figueroa iniciaron el año 2012, luego de un aviso interpuesto en la Fiscalía, donde se insinuaban erogaciones millonarias de parte del BMI a proyectos que no brindaron garantías comprobables de inversión efectiva de los fondos en el caso de Infocentros. En otros casos los fondos se comprobaron de forma parcial.

Nicola Ernesto Angelucci Silva fue nombrado presidente de la asociación Infocentros en el año 2000, instancia fundada como institución privada sin fines de lucro. La entidad contemplaba estaba una junta directiva compuesta por personalidades como Francisco de Sola, Rafael Ibarra, Fabricio Altamirano, Salvador Samayoa y Yolanda Mayora de Gavidia, exministra de Economía de la administración de Elías Antonio Saca (2004-2009)

En esas fechas se promovió el proyecto denominado Red del Desarrollo que buscaba financiar una batería de proyectos de diferentes ramas para la generación de empleos por medio de la inyección de recursos públicos por medio del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleo en Sectores Productivos Estratégicos (Fecepe).

“Nicola Angelucci habría hecho convenio con diferentes instituciones para la ejecución de proyectos y muchos de estos no se hicieron”, explicó en su momento l Fiscalía.

De acuerdo con esa investigación, el proyecto Infocentros recibía $75 mil mensuales por parte del BMI, para la ejecución de dichos programas y a cambio ellos solo tenían que poner como contrapartida el material didáctico.

Mediante esta alianza entre el BMI e Infocentros, presuntamente se ejecutaron varios proyectos, pero físicamente no se encontró evidencia que se realizarán o se hicieron parcialmente, por lo que la Fiscalía considera que se manipularon los convenios de cooperación para favorecerse los imputados.

La defensa de Angelucci mantuvo en todo tiempo que él no tenía poder de decisión sobre el uso de estos fundos, sino que todo pasaba por la regulación de la junta directiva. Un elemento curioso suscitado durante el proceso judicial que duró tres años, fue que al momento en que los acusados fueron llevados a la audiencia inicial en septiembre de 2016, fueron acompañados por el entonces diputado de ARENA, Juan Valiente, quién reconoció ser amigo de Angelucci y Figueroa y dijo que conoció de cerca el proyecto Infocentros, ya que trabajó en él como asesor.

En su momento, el entonces diputado defendió el proyecto Infocentros y cuestionó que la Fiscalía quería dar una mala imagen del mismo, al argumentar que lo que estaba en tela de juicio, es el convenio entre una entidad pública (BMI) y otra privada (Infocentros).

Además justificó que, en base a un examen de criterios, se estableció que la Asociación Infocentros era la única con la capacidad de cubrir a nivel nacional con un proyecto que pusiera la tecnología al servicio de la gente.

Agregó que dicho proyecto cumplió como los objetivos que se habían trazado y al no ser necesario la expansión del mismo a través de la instalación de cibercafés, se suspendió.

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