El gobierno salvadoreño a través de funcionarios de Cancillería, anunciaron este jueves la creación de una comisión revisora de archivos militares relacionados al conflicto armado que duró de 1980 a 1992. Esto, en respuesta a críticas locales e internacionales respecto al hermetismo del Ejecutivo a la hora de brindar acceso a información militar relacionada con la guerra.
El anuncio fue dado durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que fue convocada el estado salvadoreño para tratar el tema de la reparación a las víctimas del conflicto y el esclarecimiento de crímenes de guerra, a cerca de tres años de la derogación de la Ley de Amnistía.
Según reveló la Revista Factum, la cual cubrió la audiencia, esta comisión estaría a cargo de crear una norma ejecutiva y revisar archivos militares, a la vez que requirieron la participación de más representantes de las víctimas del conflicto, una vez la comisión se conforme.
Durante la audiencia, a la que también acudieron miembros de organizaciones que velan por los derechos de las víctimas del conflicto armado, se cuestionó al estado salvadoreño por la constante negativa del Ministerio de la Defensa a reabrir archivos acerca de las actuaciones del ejército durante el conflicto.
Diversas comisionadas de la CIDH, incluida Marlene Alejos, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteraron que para garantizar el derecho a la verdad a las víctimas del conflicto, el Estado debe garantizar el acceso a los archivos militares.
De la misma forma se expresó temor a la idea de que la Asamblea Legislativa apruebe otra ley similar a la Amnistía que fue derogada a mediados de 2016 y que impedía que crímenes cometidos durante el conflicto armado fueran procesados judicialmente.
Desde la derogación de la Amnistía se han interpuesto demandas para que se reabran casos, algunos en los que el presidente Salvador Sánchez Cerén habría participado o habría tenido conocimiento en su calidad de comandante guerrillero.
Actualmente se sigue un juicio contra antiguos oficiales del ejército acusados de ordenar la masacre de cerca de mil campesinos ocurrida en diciembre de 1981 en el cantón El Mozote al norte del departamento de Morazán
Algunas organizaciones que asistieron a la audiencia, como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), cuestionaron que esta decisión se anuncie a un poco más de tres meses antes del fin de la gestión de Sánchez Cerén, ya que esto solo demuestra un compromiso gubernamental y no estatal de abrir los archivos militares.