Todo comenzó el 26 de octubre del 2008. El entonces presidente Elías Antonio Saca avaló que la autónoma CEL suscribiera un contrato con la empresa Italiana ASTALDI para la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Y así se hizo.
El acuerdo fue que el gobierno pagaría a los italianos $219 millones 900 mil para la construcción de la presa hidroeléctrica.
Además, en el contrató se estableció que el gobierno no desembolsaría ni un dólar más en caso que los costos de construcción de la obra se incrementaran.
Los italianos comenzaron el proyecto; pero, meses después, abandonaron la obra. Únicamente dejaron un enorme agujero.
El gobierno amenazó con demandar a ASTALDI por incumplimiento del contrato. No solo había retrasos en la obra, sino que había sido abandonada. Eso era motivo suficiente para ganar el caso y hacer efectivas las multas contractuales.
La empresa italiana, representada por Mario Pieragostini Maiocchi, alegó la existencia de situaciones geológicas que habían afectado la ejecución de la obra. Por ejemplo, dijo que había un “movimiento de la margen derecha del cauce del río”. Por eso pedían una modificación presupuestal de la obra.
Mauricio Funes asumió la presidencia de la República en junio del 2009. Un año después, el 22 de agosto de 2010, autorizó para que CEL contratara a la firma legal internacional CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE, S.C., previendo un posible litigio con ASTALDI.
Esta firma, experta en arbitrajes internacionales, recomendó hacer un peritaje técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas por ASTALDI.
La autónoma CEL también contrató a la empresa NOVOTEC para realizar un peritaje en el sitio de la obra. Esta empresa emitió un dictamen en el que se sustentaban las argumentaciones de CEL ante un posible arbitraje.
Pero, de pronto, el presidente Mauricio Funes pidió que el caso no se llevara a instancias internacionales, que se evitara el arbitraje internacional y que se buscara un arreglo directo con ASTALDI.
Por esos días, Mauricio Funes nombró como presidente de la CEL a José Leopoldo Samour y este ejecutó la orden de llegar a un arreglo directo con ASTALDI. En ese oscuro acuerdo también participó Miguel Menéndez, mano derecha del entonces presidente Funes.
Finalmente, en julio de 2012, el gobierno pagó el costo de la obra ejecutada hasta ese momento. Pero no solo eso. También pagó una suma adicional de $45 millones 244,418.00 sin existir base legal.
Pacto oscuro
En junio de 2012, un mes antes que pactaran el acuerdo con los representantes de ASTALDI, Miguel Menéndez, Leopoldo Samour y otras personas más viajaron a Panamá para adquirir una sociedad denominada Headford Business y abrir una cuenta bancaria en el FPB BANK INC a nombre de esa misma sociedad.
Fue en esa cuenta que, según la Fiscalía, depositaron las dádivas que entregó ASTALDI a Mauricio Funes y Miguel Menéndez por el acuerdo oscuro en el que se le entregó a los italianos más de 45 millones de dólares.
Para justificar los depósitos millonarios que ASTALDI hacía a la sociedad creada por Miguel Menéndez, se elaboraron unos contratos falsos y se simularon pagos por servicios.
ASTALDI realizó esas operaciones a través de dos sociedades denominadas RAILWAY INTERNATIONAL, TRAIDING CORP. Y RIFT INTERNATIONAL, S.A. Los contratos fueron presentados al FPB BANK de Panamá para justificar el depósito de los fondos.
En total, la empresa ASTALDI trasladó 3 millones 500 mil dólares a las empresas fachadas de Miguel Menéndez. De acuerdo con la Fiscalía, buena parte de ese dinero fue destinado para la creación de las sociedades LATIN AMERICA SPAS, propiedad de Mauricio Funes y su compañera de vida Mitchell Guzmán Sigüenza.
“Con esos fondos también se adquirieron dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la colonia Maquilishuat, San Salvador, donde funcionaba el SPA, y otro en Sierra de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, destinado como residencia de la señora Guzmán Sigüenza. El señor José Efraín Quinteros trabajaba en un despacho que llevó la contabilidad de LATIN AMÉRICA SPA y esta persona era la encargada de nombrar a los testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios de los inmuebles y los fondos ilícitos”, dice un extracto del requerimiento presentado en tribunales.
Por todos estos hechos, la Fiscalía les atribuye el delito de peculado a Mauricio Funes, Miguel Menéndez y Leopoldo Samour. Al representante de ASTALDI, Mario Pieragostini, se le acusa por el delito de cohecho activo.A Mitchell Guzmán y Efraín Quinteros se les acusa por el delito de lavado de dinero y activos.
Este sábado se realizó, en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, la audiencia inicial en el caso El Chaparral. La resolución se conocerá el lunes.
Mauricio Funes juramentando a Miguel Menéndez Avelar como presidente de CIFCO.
Mecafé, Funes, La Michy y el Spa
Mecafé comenzó a salir a la luz pública en los albores de la campaña presidencial para las elecciones 2009, cuando conoció al otrora periodista Mauricio Funes, quien había sido designado por el FMLN para finalmente arrebatarle la presidencia del país a ARENA. El empresario dijo que fue atraído por la “ideología “de Funes y decide ser el primer prominente empresario que públicamente le endosó su apoyo.
Miguel Menéndez sentó las bases para crear el grupo de apoyo “Los Amigos de Mauricio”, compuesto por otros empresarios e intelectuales de ambos bandos del espectro político local. Además dice con mucho orgullo que manejó el vehículo en el que se transportaba el candidato a la mayoría de sus mítines en el interior del país.
Funes ganó la presidencia por estrecho margen y la relación que el nuevo presidente tenía con Mecafé empezó a despertar suspicacias. El empresario sería nombrado como presidente del recién renombrado Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
Por otra parte, publicaciones periodísticas como las del periódico digital El Faro, dieron cuenta de supuestos beneficios que Mecafé estaba recibiendo de su relación con el presidente Funes, como contratos en servicios de seguridad y otros, de los cuales habría recibido utilidades por $14 millones.
Una publicación del portal de noticias El Faro estableció en 2014 que una de esas empresas compartiría prestanombre con un negocio de spa propiedad de negocio Mitchell Guzmán Sigüenza, mujer con la que el expresidente Funes tendría un hijo.
Estos indicios llevaron a la Fiscalía a desarrollar una investigación de carácter penal que apunta principalmente contra Mauricio Funes. La primera fase de la investigación concluyó el pasado 17 de agosto, con una serie de allanamientos en los negocios y propiedades de Mecafé.
La Fiscalía justificó que dichas diligencias fueron para buscar pruebas de contratos irregulares y actos de corrupción de los cuales ahora se acusa penalmente a Mauricio Funes, a poco más de dos años de dejar la presidencia.
Mauricio Funes tiene cuatro acusaciones en tribunales de justicia. La primera es por el desvío de $351 millones de dólares de fondos públicos para beneficio personal y de su familia. La segunda es por sobornar a un fiscal general. La tercera por el caso El Chaparral y la cuarta por divulgar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Actualmente es prófugo de la justicia. Se encuentra asilado en Nicaragua desde mediados de 2016.
Imagen de D1.