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Muyshondt y su concejo omiten investigar y sancionar a funcionario presuntamente corrupto

Contra Rolando Castro, jefe de la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes de la Alcaldía de San Salvador, existen varios cuestionamientos como la de estar detrás de la contratación de plazas fantasmas al interior de la comuna; maniobrar para que una empresa ligada a Enrique Rais gane licitaciones para suministrar combustible; calumnias contra empresarios e instigar la perturbación del orden público en horas laborales por un funcionario público.

Redacción
Castro

Durante una entrega de árboles organizada por la Alcaldía de San Salvador en la Plaza Salvador del Mundo, fue posible ver de manera muy natural al alcalde capitalino Ernesto Muyshondt, junto al jefe de la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes, Rolando Castro.

Los dos sonreían y posaban para la foto mientras entregaban árboles a los transeúntes. Esto, pese a los señalamientos en contra de Castro, de tener nexos con empresarios corruptos y tener una serie de privilegios para alguien que ostenta sus funciones.

El pasado 14 de de mayo, Muyshondt afirmó durante una entrevista televisiva que no toleraría las plazas fantasmas en su administración y que investigaría las denuncias hechas llegar a su despacho, entre ellas las de Fundación Transparencia.

Dicha fundación trasladó las denuncias al anterior alcalde, Nayib Bukele, pero fue la exsíndico municipal, Xochilt Marchelli, la que las retomó y posteriormente notificó a la unidad de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas de la República, luego de verificar en la Subgerencia de Talento Humano de la Alcaldía de San Salvador que de cerca de 400 personas con sospecha de plazas fantasmas, solo cuatro son empleados municipales registrados.

Tras conocer en su momento las denuncias presentadas por Fundación Transparencia, Bukele señaló que Rolando Castro lo había amenazado con paralizarle el servicio de recolección de desechos sólidos en el municipio, si iniciaba cualquier investigación en contra suya.

No obstante a estos señalamientos y casi seis meses después de que Muyshondt afirmara que los retomaría, no se conoce acerca de los resultados de investigación, mientras que Castro continúa perpetuando sus actos de corrupción en la Alcaldía y actuar con virtual impunidad.

Las acusaciones por calumnia

El pasado 22 de marzo, durante la entrevista Diálogo con Ernesto López de Grupo Megavisión, Castro atacó al presidente de Fundación Transparencia, Fito Salume. Lo calumnio, lo difamó y emitió una serie de adjetivos descalificativos sin presentar una sola prueba.

Días después, el 5 de abril, Salume acudió a la misma entrevista para desmentir a Rolando Castro y para anunciar que acudiría a los tribunales a interponer una acusación por el delito de calumnia.
Entre otras cosas, Salume dijo que las acusaciones de Rolando Castro fueron un mecanismo de defensa que este utilizó para no aclarar las acusaciones públicas que Fundación Transparencia había hecho en su contra.

Estas denuncias, recogidas a principios de este año, sostienen que Castro, quien lleva varios períodos trabajando en la Alcaldía, participó en algunos negocios oscuros como el de la empresa Hydro Oil, cuyas acciones en un 99% pertenecen al prófugo exempresario Enrique Rais. En mayo pasado, Castro admitió que conoce a Rais, sin querer dar más detalle sobre la relación entre ambos.

Esa empresa, según la denuncia que llegó a Fundación Transparencia, fue ganadora de licitaciones para el suministro de combustibles que consume la Alcaldía de San Salvador, en un proceso que debe ser examinado porque Hydro Oil obtuvo la licitación durante tres años consecutivos como único ofertante. Ese hecho llamó la atención de Fundación Transparencia porque es conocido que en el país existen varias empresas muy competitivas que están en el negocio y normalmente bajo condiciones equitativas estarían ofertando grandes volúmenes que requiere la Alcaldía.

Fuentes al interior de la comuna sostienen que Castro maniobra a favor de Hydro Oil para que se presente a las licitaciones de combustible para los vehículos de la comuna como el único ofertante. También Castro garantiza a Rais la compra del 100 % del combustible que se consume en todas las unidades y dependencias de la Alcaldía de San Salvador.

Además, sindicatos de la comuna capitalina han denunciado actos de acoso laboral por parte de ASTRAM, una entidad que integra a gerentes y otra serie de personas de mando de la Alcaldía, entre ellos Rolando Castro.

Otras denuncias recibidas por Fundación Transparencia apuntan a que Castro controla la Coordinadora Nacional de Medio Ambiente, un organismo que sería utilizado para azuzar personas a oponerse a la construcción de rellenos sanitarios, para que así opere sin problemas el relleno sanitario de MIDES, manejado desde la clandestinidad por Enrique Rais.

Asimismo, hay señalamientos de personas al interior de la Alcaldía de San Salvador que cuestionan a Castro por tener supuestamente a disposición una camioneta blindada y al menos 12 guardaespaldas, aparentemente pagados con fondos de la comuna.

Rolando Castro.

Rolando Castro.

Incitación a desórdenes públicos en su calidad de funcionario

Aunado a esto, Rolando Castro aprovechó las cámaras de televisión para instigar públicamente a un grupo de miembros de ASTRAM para que protestaran frente a Molinos de El Salvador (MOLSA), una de las empresas del presidente de Fundación Transparencia.

Los manifestantes, dirigidos por Castro, bloquearon las calles del Bulevar del Ejército y crearon un caos vehicular. Las personas que transitaban por esas arterias se quejaron porque les tocó caminar para llegar a sus trabajos. Otros llegaron tarde. Algunos se quejaron por el gasto de gasolina que significó la protesta. Pero, además, los manifestantes agredieron e intimidaron a los empleados de MOLSA.

Por estos hechos, MOLSA denunció a Rolando Castro ante la Fiscalía General de la República por el delito de desórdenes públicos agravados el pasado 21 de abril: “Como funcionario público, el señor Castro sabe que es un delito el provocar desórdenes públicos, al obstaculizar la libre circulación y el libre ejercicio de las labores de una empresa y de las labores de una empresa y de la población en general”, explicó en su momento el apoderado de MOLSA, Rigoberto Ortiz.

El jurista indicó que el artículo 348 del Código Penal específica que ese delito se configura “cuando dos o más personas alteran el orden público obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellas circulen o impidiéndoles la libre circulación o tránsito o invadiendo instalaciones o edificios serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”.

Además el delito aplica cuando los hechos son cometidos o instigados por un funcionario o autoridad pública. En ese caso, además de la pena de prisión, se inhabilitará o suspenderá del cargo público.

Actualmente, Castro enfrenta un juicio por difamación y calumnia en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, a raíz de las calumnias en contra de Salume durante la entrevista del Grupo Megavisión grabada el pasado 22 de marzo.

También ha organizado conferencias de prensa en hoteles capitalinos en horarios laborales para continuar con sus difamaciones en contra del empresario. En una de esas conferencias, además, acusó al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Roberto Argueta de favorecer indebidamente en ciertos fallos a MOLSA.

En respuesta a esto, el Órgano Judicial publicó un comunicado en el que desmintió a Castro y aclaró que “el aludido funcionario judicial (magistrado Argueta) no concurrió con su voto a la emisión de la sentencia 334/2008, de fecha 1 de diciembre de 2011, mediante la cual la Sala de lo Contencioso Administrativo declaró ilegal la sentencia dictada por la Superintendencia de Competencia que condenó a MOLSA al pago de una multa por fijación de precios; pues aún no había sido electo como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia”.

En el comunicado también se establece que la resolución que la Sala de lo Penal emitió a favor de Salume fue unánime. Es decir, no fue una cosa elaborada exclusivamente por el magistrado Argueta, por lo que exigió a Castro una aclaración pública.

El artículo 177 del Código Penal establece que el delito de calumnia se le imputa al que “atribuyere falsamente a una persona la comisión de un delito o la participación en el mismo, será sancionado con prisión de uno a tres años”.

Además, la calumnia realizada con publicidad es sancionada con prisión de dos a cuatro años y las calumnias reiteradas contra una misma persona son sancionadas con prisión de dos a cuatro años y multa de cincuenta a cien días.

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