El tribunal Segundo de Sentencia impuso este miércoles al expresidente Elías Antonio Saca una responsabilidad civil de $260 millones, aunado a su condena de 10 años de cárcel por delitos de corrupción.
Tanto Saca como los restantes involucrados en el caso “Saqueo Público” deberán reintegrar al Estado una cantidad de dinero proporcional a lo que esta estructura desvió de las arcas públicas durante el quinquenio 2004-2009, según la Fiscalía General de la República.
En total, la responsabilidad civil impuesta a los condenados es de $300,347,117.17. Esta se divide de la siguiente forma para los demás implicados, tomando en cuenta el monto impuesto al expresidente Saca:
-Elmer Charlaix (Exsecretario Privado de la Presidencia): $15 millones
-César Funes (Expresidente de ANDA) $886 mil
-Julio Rank (Exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia) $8 millones 381 mil
-Francisco Rodríguez Arteaga ( exjefe de la Unidad Financiera Institucional –UFI- de la Presidencia $7 millones
-Jorge Herrera (Exempleado de Casa Presidencial) $3 millones
-Pablo Gómez (Excolaborador de la UFI de Casa Presidencial) $5 millones
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, Jorge Cortez, dijo tras conocer la pretensión del Ministerio Público era recuperar los bienes desfalcados al Estado. Durante el juicio, la parte fiscal pidió al Tribunal que las empresas ligadas a la familia de Saca, actualmente intervenidas bajo proceso de extinción de dominio, pase al control del Estado.
Cortez agregó que esperará a conocer la sentencia integral para ver bajo que marco se ha desarrollado el análisis de la responsabilidad civil de cada uno de los imputados. Por su parte, el equipo de defensores de los ahora condenados advirtió que apelará la resolución del tribunal.
El Tribunal Segundo de Sentencia fundamentó su resolución en las que impuso condenas penales y responsabilidad civil a los acusados, en el informe de peritaje financiero contable, declaraciones de los testigos y las mismas confesiones de los imputados.
Los jueces argumentaron que el expresidente Saca y sus exfuncionarios violentaron la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (AFI), que regula el manejo y administración de los fondos públicos y actuaron sin autorización de Tesorería del Ministerio de Hacienda al desviar fondos públicos, haciéndolos aparentar como desembolsos por servicios como contratos publicitarios.
La operación de Saca y sus allegados para desviar más de $300 millones, según la Fiscalía, ocurrió de esta forma: cuando Saca llegó a la presidencia aprobó un reglamento interno para desviar varios millones de dólares a cuentas particulares. En el año 2006, el entonces presidente ordenó a Francisco Rodríguez Arteaga y a Pablo Gómez la apertura de 14 cuentas: el primero abrió diez y el segundo dos en los bancos Citibank e Hipotecario.
Saca firmaba los cheques para Arteaga y Gómez. Ellos los depositaban en sus cuentas para posteriormente transferirlos a las cuentas de Saca, su esposa, sus empresas y a las de sus socios o amigos. Las empresas del exmandatario son: Promotora de Comunicaciones, Grupo Samix, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión de Usulután y Stereo 94.1 FM.
En su confesión ante el tribunal como parte del proceso abreviado al que accedió a someterse, Saca también reconoció que usó prestanombres para desviar el dinero, los cuales recibieron dádivas como parte del acuerdo. Entre esos prestanombres figura el exentrevistador de televisión Jorge Hernández, cuyas empresas percibieron varios millones de dólares.