El expresidente Elías Antonio Saca fue condenado a diez años de cárcel por haber robado varios millones de dólares mientras estuvo en el gobierno. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo sentenció a cárcel por los delitos de lavado de dinero y peculado.
También fueron condenados a prisión por delitos de corrupción los exsecretarios presidenciales, César Funes, Élmer Charlaix y Julio Rank. Además de los empleados Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó, en noviembre de 2016, al expresidente Saca de desviar y lavar 250 millones de dólares del tesoro público entre los años 2004 y 2009. En ese período fue presidente de El Salvador.
Los fiscales acusaron a Saca de ser pieza fundamental en una gigantesca maquinaria de corrupción. La operación, según los acusadores, ocurrió así: cuando Saca llegó a la presidencia aprobó un reglamento interno para desviar varios millones de dólares a cuentas particulares.
En el año 2006, según la acusación, Saca ordenó a Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia, y a Pablo Gómez, técnico de la UFI, abrir 14 cuentas: el primero abrió diez y el segundo dos en los bancos Citibank e Hipotecario. Según la Fiscalía, entre los dos movieron 251 millones 297 mil 412 dólares.
Saca firmaba los cheques para Arteaga y Gómez. Ellos los depositaban en sus cuentas para posteriormente transferirlos a las cuentas de Saca, su esposa, sus empresas y a las de sus socios o amigos. Las empresas del exmandatario son: Promotora de Comunicaciones, Grupo Samix, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión de Usulután y Stereo 94.1 FM.
El juicio
Mario Huezo, uno de los fiscales del caso, detalló al inicio del juicio que la Fiscalía había negociado con los acusados y con los abogados de estos para realizar un proceso abreviado, es decir, que los imputados confesaran sus delitos a cambio de recibir menos años de cárcel. El fiscal aseguró que contaban con una declaración extrajudicial donde el expresidente Saca, y tres de sus exfuncionarios, reconocían haber cometido actos de corrupción. El acusador explicó el acuerdo. Detalló que la Fiscalía pediría una condena de 10 años de prisión para Antonio Saca y para su exsecretario Privado, Élmer Charlaix; y cinco años de cárcel para César Funes, exsecretario de la Juventud, y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones.
Cuando el juez principal les preguntó a los acusados sobre el acuerdo detallado por Fiscalía, cuatro de los acusados reconocieron la existencia de ese pacto. El expresidente Saca fue el primero que tomó la palabra y expresó: “Efectivamente doy mi consentimiento. Lo he platicado con mi defensa y con la Fiscalía, y doy mi consentimiento”.
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En el tercer día del juicio, Elías Antonio Saca confesó que mientras fue presidente de El Salvador se robó varios millones de dólares para beneficio personal, de su familia y de sus amigos. Saca explicó el complejo mecanismo que utilizó para desviar el dinero público a cuentas personales. Detalló que, para ello, utilizó a testaferros entre los que estaban el expresentador televisivo, Jorge Hernández, y el contador Irving Pavel Tóchez. También brindó detalle de todos los inmuebles que adquirió con ese dinero.
Luego fue el turno de los otros exfuncionarios. Élmer Charlaix detalló que había participado en la apertura de cuentas para lavar dinero y en la repartición de dólares a terceras personas que colaboraban con el gobierno. César Funes dijo que había pagado tarjetas de crédito con dinero público. Julio Rank explicó que en el desvío de fondos públicos había participado hasta su hijo.
El jefe de la Unidad Financiera, Jorge Cortez, había anunciado días antes que Fiscalía recuperaría por lo menos $25 millones de los más de $300 millones que Saca se robó, según la acusación penal. El pasado 10 de agosto, fiscales iniciaron el proceso de extinción y llegaron a la mansión donde había el expresidente Saca, ubicada en la finca Linda Vista del Cantón El Carmen del volcán de San Salvador. Tiene una extensión de 5,024 metros cuadrados y según el ministerio público fue comprada con dinero de los contribuyentes por un valor de 8 millones de dólares.