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Jueces admiten proceso abreviado en juicio por corrupción contra Saca

Eso significa que los tres jueces que componen ese tribunal han aceptado la negociación que los procesados y sus abogados realizaron con los fiscales en el sentido de aceptar los cargos imputados a cambio de recibir menos años de cárcel.

Redacción/ EFE
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador aceptó este viernes la realización de un proceso abreviado para seis de los acusados en el caso de corrupción contra el expresidente Elías Antonio Saca.

Eso significa que los tres jueces que componen ese tribunal han aceptado la negociación que los procesados y sus abogados realizaron con la Fiscalía General de la República (FGR) en el sentido de aceptar los cargos imputados a cambio de recibir menos años de cárcel.

El juicio contra el expresidente comenzó el pasado martes. Ese día, la representación fiscal indicó que había negociado con los imputados la realización de un proceso abreviado.

Fue así como el pasado jueves los imputados aceptaron ante el tribunal haber cometido los delitos que les atribuyen. El primero en declarar fue el expresidente Elías Antonio Saca, quien aseguró que había montado todo un esquema para robar dinero público.

El expresidente  relató que para respaldar el desvío de los fondos emitió un reglamento que le daba la facultad de catalogar como secreto de Estado la información relacionada con los movimientos de dinero.

“Dicha normativa me permitía asegurar la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos, aprovechar su uso y apropiármelos en beneficio personal y de otras personas”, sostuvo Saca.

Explicó que la misma era una copia de un reglamento emitido por su antecesor, Francisco Flores (1999-2004), a la que solo le fueron modificadas las fechas y los nombres de funcionarios y con la que se manejaban secretamente los recursos de la inteligencia estatal.

Relató que inicialmente no se planteó el uso de este mecanismo para desviar el dinero, pero que la falta de controles más rigurosos por parte de la Corte de Cuentas lo motivaron.

“Me aproveché de la organización (del Gobierno) y de los escasos dispositivos de control para trasladar fondos a otras personas sin relación con la Presidencia”, dado que las auditorías se hacían “de forma superficial”, añadió.

Subrayó que el dinero fue transferido durante sus 5 años de gestión a 13 cuentas particulares de su exsecretario privado Elmer Charlaix y otros dos empleados de la Presidencia, y que buena parte se retiró en efectivo.

Añadió que para lavar el dinero pactó “sin licitación y de manera ilegal” con tres agencias de publicidad el pago mensual de unos 100.000 dólares, y que las empresas se quedaban con el 20 por ciento y el 80 por ciento era trasladado a empresas de radiodifusión en las que poseía entre el 50 y 90 por ciento de las acciones.

El exmandatario apuntó que, para que este dinero llegara a su patrimonio personal y “cubrir el origen ilícito”, dichas sociedades le pagaban un salario mensual de entre 4.000 y 60.000 dólares.

Entre los años 2005 y 2006, aseguró Saca, se propuso “extraer mayores cantidades de dinero y que no fuera rastreado”, por lo que mediante “testaferros” fundó varias sociedades para que “fingieran” prestar servicios de publicidad al Gobierno y compraran inmuebles con el dinero malversado.

Declaró, sin la presencia de los otros seis imputados en la sala de audiencias, que el partido político que lo llevó al poder, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), recibió “varios millones de dólares”.

El abogado defensor del ex jefe de Estado, Mario Machado, dijo a periodistas que pese a que los fondos cuestionados por la Fiscalía son más de 300 millones de dólares, Saca y sus allegados se beneficiaron solo con más de 50 millones.

“Él ha hablado que (el beneficio) entre terceras personas y él puede ser arriba de los 50 millones de dólares”, apuntó el letrado, quien aseguró que la cifra manejada por el Ministerio Público crea una “expectativa” que “hace ver mal cualquier arreglo”.

Machado acotó que “el expresidente Saca ha narrado lo que él realizó y los beneficios que ha obtenido” y “se ha venido a aceptar culpabilidad, aceptar condena y hacer una propuesta de devolución de bienes” de entre 25 y 30 millones de dólares.

La confesión de Saca forma parte de un trato alcanzado con la Fiscalía, con el que se espera evite la pena máxima de hasta 30 años de prisión por una de 10 años de cárcel en un “juicio abreviado”, beneficio judicial al que se acogieron cinco de sus seis excolaboradores procesados.

Se trata de los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, y del ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga.

Solo resta la confesión del exempleado de la Presidencia Jorge Alberto Herrera por el delito de peculado, mientras que su compañero Pablo Gómez decidió no pactar.

Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en enfrentar un juicio por delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, fue enviado a esta etapa en 2015, pero falleció antes de que se instalara.

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