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Sala ordena al Estado recuperar territorios controlados por pandillas

Además, ordenó al Director de la PNC y al Fiscal General de la República a que investiguen los delitos de los cuales supuestamente fueron víctimas los peticionarios

Redacción
Foto: D1/Miguel Lemus
Foto: D1/Miguel Lemus

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó este viernes a los miembros de una familia que fueron víctimas de desplazamiento forzado por pandillas  y ordenó al Estado Salvadoreño a que recupere el control de los territorios que cayeron en manos de estos grupos delictivos.

Los demandantes afirmaron que fueron obligados a desplazarse de un lugar a otro en el país por amenazas de pandillas, debido a que dos de sus miembros son militares. Pese a que interpusieron demandas ante la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC)  en contra de los pandilleros y se les expuso que sus vidas estaban en peligro, no se les brindó ningún tipo de protección.

Además señalaron que se les ha vulnerado sus derechos fundamentales a la seguridad material,  protección familiar, protección jurisdiccional y no jurisdicción, a  la propiedad y a la libertad de circulación que establece los artículos 2 inciso 1°, 5 inciso 1° y 2° y 32 de la Constitución de la República.

Ante este caso, la Sala ordenó al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, a que coordine con titulares de las distintas instituciones que integran el Ejecutivo  a que “realice acciones necesarias para prevenir y controlar el fenómeno de la violencia, mediante, por un lado, la formulación y ejecución de las políticas sociales que eviten la marginación de sectores vulnerables en la sociedad” y “la implementación de acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente  los territorios bajo control de las pandillas”.

También exigió que se incluya atención a las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia como una prioridad en la elaboración del Presupuesto General del Estado.

Asimismo, la Sala mandó al Director de la PNC y al titular de la FGR, como máximas autoridades de esas instituciones, que “realicen de manera inmediata investigaciones exhaustivas, diligentes y concluyentes, con el fin de esclarecer los delitos de los cuales supuestamente fueron víctimas los peticionarios”.

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