Las modificaciones presupuestarias fue la forma en cómo, según la Fiscalía General de la República, el presidente Mauricio Funes, del FMLN, obtuvo más de 351 millones de dólares durante su mandato, el cual era usado para su uso personal y de su núcleo más cercano.
El Ministerio Público reveló este viernes el entramado de corrupción encabezado por Funes y su exsecretario Privado, Francisco Cáceres. A ambos se les ha girado órdenes de captura por los delitos de peculado, lavado de dinero y casos especiales de lavado y encubrimiento.
El truco para que esta modalidad de sustracción funcionara era saltarse la prohibición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el 25 de agosto de 2010 lo que se conoció como “partida secreta”. En otras palabras, esto se basaba en transferencias de los sobrantes presupuestarios de otras entidades públicas, que eran trasladadas sin ningún control a Casa Presidencial.
En esa ocasión, la Sala dictaminó que estas transferencias no se podían realizar sin el consentimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la Hacienda pública habría continuado trasladando efectivo hacia Casa Presidencial, la cual lo canalizaba a través de diversas partidas.
Eso explica el surgimiento de un rubro en Casa Presidencial, llamado “partida de gastos reservados” en 2011, a la cual la Asamblea Legislativa la asignó un monto inicial en ese mismo año, pero que según la Fiscalía habría recibido más efectivo, sin el conocimiento del Primer Órgano del Estado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la Asamblea inicialmente asignó un poco más de $80 millones a la partida de gastos reservados. Desde el inicio de la presidencia de Funes, agrega la investigación, Casa Presidencial solicitó refuerzos presupuestarios por medio de notas al Ministerio de Hacienda, con lo cual se extrajo $54 millones más para engrosar esta partida.
Este tipo de partidas también fueron creadas en otras instituciones públicas, señaló la Fiscalía. El periódico La Prensa Gráfica reportó el pasado 6 de junio que para finales del mandato de Funes, existían 15 partidas de esta índole, aprovechando el surgimiento de otros proyectos públicos como el programa Comunidades Solidarias.
Con estas partidas, el mecanismo de movilización de fondos públicos funcionaba de esta manera: El Consejo de Ministros, a través de la solicitud del secretario Cáceres, autorizaba el traslado de gastos a la partida de gastos imprevistos de Casa Presidencial, sin que existiera mayor justificación al respecto.
Estos traslados fueron constatados por La Prensa Gráfica en una publicación del 6 de junio pasado. El rotativo, en base a unos expedientes de la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, pudo verificar que el entonces ministro Carlos Cáceres, hermano del secretario Privado de Funes, trasladó fondos para la partida de gastos imprevistos de Casa Presidencial via modificaciones presupuestarias, en total desacato a la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
En cinco años, la partida de gastos imprevistos de Casa Presidencial se incrementó hasta totalizar los más de $351 millones que habría malversado Funes, indicó la Fiscalía. Este monto constituye cerca del 51 por ciento del presupuesto que la sede de gobierno manejó en el quinquenio de Mauricio Funes, el cual sobrepasó los $689 millones.
Con los fondos reasignados, el gerente financiero institucional de Casa Presidencial, Francisco Arteaga, realizó la redirección de fondos, creando para ello ocho cuentas en el Banco Hipotecario, siete de las cuales estaban a su nombre y la otra, a nombre del colaborador del Secretrio Privado, Pablo Gómez.
Ambos también están implicados en el caso de corrupción orquestado por el expresidente Elías Antonio Saca y al igual que él, guardan prisión en el centro penal La Esperanza (Mariona). La Fiscalía añadirá a estos dos los nuevos delitos en relación con la red de corrupción de Funes.
En relación con las cuentas abiertas por Arteaga, en estas solo quedaron $0.68 al concluir la gestión de Funes. La Fiscalía destacó que más de $292 millones fueron sacados en efectivo, siendo Pablo Gómez el encargado de sustraerlo, usando para ello bolsas negras usadas para jardinería.
Mientras esta investigación transcurría, Funes tenía un flanco abierto con un juicio civil por enriquecimiento ilícito ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2016. En el juicio fue encontrado responsable, pero la decisión fue apelada y actualmente se ventila en la Sala de lo Civil.
En la investigación de la Fiscalía se señalan a varias personas que ayudaron a justificar los montos que no se pudieron justificar ante Corte Plena. Una de las personas que contribuyeron a ese fin, según Fiscalía, es la actriz y presentadora de televisión Regina Cañas, exesposa de Funes.
Cañas, conocida por el personaje para público infantil «Tía Bubu», será acusada por el delito de caso especia lde encubrimiento. La Fiscalía asegura que ella planificó un préstamo que habría recibido de Luis Antonio Flores Mancía por $95,000 para otorgárselo a su hijo Diego Funes Cañas, pero este préstamo nunca fue legítimo sino que todo fue simulado.
El escándalo de corrupción que incrimina al expresidente Elías Antonio Saca y a varios de sus colaboradores cercanos en la malversación de más de 300 millones de dólares, es una muestra de cómo la partida secreta era usada indiscriminadamente en cuestiones incluso ajenas a los intereses del gobierno y a raíz del clamor ciudadano, la Sala de lo Constitucional eliminó para efectos prácticos, dicho flujo de dinero.
La noche del martes el empresario e íntimo amigo de Mauricio Funes, Miguel Menéndez “Mecafé” fue capturado en un rancho de playa en el departamento de La Paz, por su presunta vinculación con delitos de corrupción en colusión con el exmandatario. Menéndez fue presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) hasta octubre de 2011.
La captura de Menéndez inició los operativos en contra de la red de implicados, que habrían ayudado a lavar el dinero en propiedades inmobiliarias, viajes y diversos artículos de lujo. En total la Fiscalía ha girado 31 órdenes de captura contra familiares de Funes y exfuncionarios de su gobierno.
Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, recibiendo protección del gobierno de Daniel Ortega, en un intento de evadir una posible captura por dichas investigaciones.