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El pacto oscuro que protegió al Gordo Max

Este lunes, el Gordo Max enfrenta el juicio en el Tribunal Quinto de Sentencia. Ahí se decidirá si es condenado a prisión o absuelto de cargos penales.

Redacción
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“Al fin me traes algo bueno”, le dijo el Gordo Max a una de las mujeres que le proveía menores de edad. Estaban reunidos cerca de un reconocido centro comercial de Antiguo Cuscatlán. Después de intercambiar algunas palabras, el Gordo Max subió a la jovencita en un automóvil y se la llevó a su casa. Ahí tuvo relaciones sexuales con ella.

La escena anterior está en uno de los expedientes donde el locutor Max González, conocido como Gordo Max, aparece como cliente de una red de menores de edad que eran prostituidas en el Gran San Salvador.

Pero ese es solo uno de los casos. A inicios de septiembre de 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una banda dedicada a la explotación sexual de niñas. Siete personas fueron capturadas y acusadas en tribunales de justicia por diversos delitos.

Los fiscales explicaron que esa banda se dedicaba a comercializar a jovencitas que las hacían pasar como edecanes. Mucho se supo de los explotadores sexuales, pero muy poco de los clientes. Al caso le decretaron reserva y se ocultaron algunos nombres.

Pero los clientes eran varios: desde reconocidos políticos hasta poderosos millonarios como Ernesto Regalado O’Sullivan. En la agenda de clientes también estaban personajes de la farándula salvadoreña como el Gordo Max.

El 9 de septiembre de ese año, Diario 1 publicó el caso de Natalia, una niña que fue prostituida desde los 13 años de edad en moteles, salones de belleza y casas particulares. Entre los clientes que dijo haber tenido estaban el Gordo Max y Ernesto Regalado O’Sullivan.

El relato de Natalia fue clave en la investigación realizada por los fiscales. Sin embargo, la Fiscalía dirigida por Luis Martínez solo acusó a siete personas. Únicamente pidió prisión para los proxenetas. Pero, ¿por qué no acusó a los clientes?, ¿cuál fue el pacto para protegerlos?

Horas después de haber anunciado la captura del Gordo Max, el 3 de enero de este año, el fiscal Allan Hernández entró a una sala repleta de periodistas que esperaban escuchar más detalles de la red que envolvía al reconocido locutor salvadoreño.

Hernández, entonces jefe de Áreas Especializadas, explicó que el Gordo Max había sido encausado en 2014, pero que la Fiscalía de Luis Martínez le había concedido calidad de testigo. De esa manera, Max fue protegido y se salvó, no solo de ser enjuiciado, sino de ser encarcelado por delitos sexuales.

Cuando el fiscal general Douglas Meléndez se enteró que el Gordo Max, y otros clientes como el empresario Ernesto Regalado O’Sullivan habían sido protegidos, ordenó que se abriera una investigación que acabó con la captura de estas dos personas y otros imputados.

El caso ha estado lleno de debilidades. Sobre todo porque la testigo clave se extravió durante audiencias importantes del proceso judicial. Además, algunos abogados penalistas han criticado que la Fiscalía solo acusara a los imputados por el delito de remuneración de actos sexuales con menores de edad y no por uno más grave como estupro.

Hasta hace unos meses, el Gordo Max se encontraba en el Sector Nueve del penal La Esperanza, conocido como Mariona. En ese mismo lugar se encuentra el exfiscal general Luis Martínez, quien en su momento le brindó privilegios para que no fuera procesado penalmente.

Max también compartió sector con el expresidente Elías Antonio Saca y varios de sus exfuncionarios acusados de corrupción. Sin embargo, Max recuperó su libertad condicional a inicios del pasado mes de noviembre tras una resolución de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador.

Este lunes, el Gordo Max enfrenta el juicio en el Tribunal Quinto de Sentencia. Ahí se decidirá si es condenado a prisión o absuelto de cargos penales.

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