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Fiscal General denuncia ataques por aplicación de Ley de Extinción de Dominio

El fiscal denunció una serie de ataques por la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Explicó que todo se debe por los casos en los que se ha aplicado: contra empresarios y prominentes políticos.

Redacción
Foto: D1/Miguel Lemus
Foto: D1/Miguel Lemus

Douglas Meléndez volvió a alzar la voz: esta vez denunció una cadena de ataques contra la Fiscalía General de República (FGR) por la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Los señalamientos los hizo en el congreso de la Universidad Modular Abierta denominado Patrimoniales de las Actividades Ilícitas.

El Fiscal General explicó que cuando esa ley se aplicaba solo a pandilleros y delincuentes comunes, nadie decía nada y no había ningún problema. Pero cuando se aplicó a otras personas, entre ellos políticos y empresarios, las cosas cambiaron. Surgieron los ataques.

Pero eso no le quita el sueño, ni a Douglas Meléndez ni a su equipo de fiscales. Todos esos ataques, a su juicio, son el reflejo de que están haciendo un buen trabajo, que están aplicando la ley a todo nivel: contra pandilleros, políticos y empresarios.

La aplicación de esta ley ha generado ruidos e incomodidades. Quizá por eso, a mediados de julio de este año, la Asamblea Legislativa la reformó para que no se pudiera aplicar mientras las personas procesados no hubiesen sido condenadas en juicio. Pero, un mes después, la Sala de lo Constitucional suspendió esas reformas.

Durante la administración fiscal de Douglas Meléndez han aplicado esa ley como nunca antes. La lista es larga. Uno de ellos es el presunto narcotraficante José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo, quien se encuentra encarcelado por una acusación de lavado de dinero.

Chepe Diablo fue capturado en abril del presente año. La Fiscalía lo acusó en tribunales de justicia de lavar una millonada de dólares que habría obtenido de manera ilícita. Salazar es originario de Metapán, Santa Ana. Tiene 69 años de edad. Su historia empresarial está plagada de dudas: empezó como cambista de quetzales a colones en la frontera de El Salvador y Guatemala; y, en pocos años, se convirtió en un millonario dueño de gasolineras, hoteles y otros negocios.

A mediados de los años noventa era un próspero empresario. Pero las dudas en torno a su fortuna crecían.  En 1997, por ejemplo, fundó junto con Juan Umaña Samayoa una empresa de granos llamada Gumarsal. Este último se convirtió años después en alcalde de Metapán. Actualmente es prófugo de la justicia. Los fiscales lo acusan de pertenecer a la red de lavadores encabezada por Chepe Diablo.

Samayoa también fundó un imperio empresarial. Junto con su hijo, Wilfredo Guerra Umaña, quien también se esconde de la justicia, adquirieron las acciones completas de Guamarsal. Además montaron una gigantesca empresa de harina de trigo que denominaron Molinos San Juan. Todas esas operaciones eran extrañas. Y las autoridades policiales y fiscales comenzaron a seguirles la pista.

Precisamente a estas personas la Fiscalía ha iniciado un proceso de extinción de dominio. Pero no son los únicos. Hay más. Por ejemplo, el expresidente Francisco Flores, quien falleció a inicios del año pasado en pleno proceso penal en su contra, también es parte de la lista. En junio de este año, la Fiscalía aplicó la ley contra nueve inmuebles que estaban a su nombre, entre ellos una hacienda en Zapotitán.

Otros a los que les han aplicado esa ley son el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, quien fue procesado civilmente por el delito de enriquecimiento ilícito. El legislador salió libre de cargos, pero la Fiscalía le inmovilizó muchas de sus propiedades.

Hay otros casos menos mediáticos: el del exdiputado Eliú Martínez, a quien le quitaron 22 propiedades, entre ellas, un hotel, un centro comercial y varias casas. El exdiputado fue encontrado culpable de distribuir droga en Estados Unidos. Fue condenado a finales de junio de 2005 a 29 años de cárcel por un juez federal del país norteamericano.

Eso mismo ocurrió con José Misael Cisneros Rodríguez, conocido como “Medio Millón”, procesado por delitos de narcotráfico. La Fiscalía aplicó la extinción en varios inmuebles y vehículos valorados en 97 mil dólares.

Recientemente el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), institución encargada de administrar los bienes incautados a personas procesadas, anunció la primera subasta pública. Casas, vehículos y joyas son algunas de las propiedades que están subastando. Tienen un valor de $660,586.56. Algunos fueron incautados al  exdiputado Wilver Rivera Monge, quien también se encuentra en prisión por delitos de lavado de dinero.

Subasta 2

También han pedido que apliquen esa ley contra el expresidente Elías Antonio Saca y varios de sus exfuncionarios que se encuentran presos en el Penal La Esperanza. Están acusados de saquear más de 200 millones de dólares de las cuentas del Estado para invertirlos en sus empresas personales: emisoras radiales, agencias publicitarias y otras.

Tiempo atrás esa ley se aplicaba en casos poco relevantes. Ahora se usa contra personas con más poder. Por todo esto es que el fiscal general asegura que ha sido blanco de ataques. Sin embargo, en el congreso universitario el fiscal enfatizó que nada lo detendrá.

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