El investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos, Douglas Farah, declaró el pasado martes ante la Comisión para el Control Internacional de Narcóticos del Senado estadounidense, en donde pidió se investigue a la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales en El Salvador y Nicaragua por actividades de lavado de dinero.
Farah, quien ha visitado varias veces el país y conoce la realidad salvadoreña, señaló ante la comisión del Senado Federal que PDVSA y sus filiales es la principal estructura para lavar dinero usada por el régimen de Nicolás Maduro y otros grupos como las FARC, antigua guerrilla colombiana que luego de la firma de los Acuerdos de Paz en el país sudamericano, pasó a convertirse en partido político.
El investigador basó sus señalamientos en investigaciones realizadas por IBI Consultants, instancia que él preside, que apuntan a que en un lapso de 4 años las FARC incurrieron en operaciones sospechosas por más de $2 mil millones, que se movieron a través de una red de aliados en Centroamérica y en paraísos fiscales en el Caribe.
En su intervención ante el Congreso, Farah calificó a Alba Petroleos en El Salvador como “una parte fundamental de un programa multinacional de lavado de dinero que fue construido y operado por miembros de la alianza bolivariana ALBA”.
Alba Petroleos se creó en 2006 como una sociedad entre PDV Caribe, empresa subsidiaria de PDVSA, y la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA), conformada por alcaldes de municipios gobernados por el FMLN.
Según sus documentos de fundación, Alba Petróleos se estableció como un “vehículo para el desarrollo social, financiado por el petróleo venezolano que genera una deuda pagadera a muy largo plazo y en módicas cuotas.
PDVSA acordó vender a las subsidiarias sus productos a precios reducidos, basándose en la premisa de que ALBA Petróleos como su similar nicaragüense podrían utilizar sus ganancias para invertir en el desarrollo de la educación, la atención médica y otros bienes sociales, aseguró Farah ante la Comisión.
No obstante, el investigador sostiene que estas compañías se alejaron de su declaración de propósitos y según afirmó ante los senadores, ALBA Petróleos generó entre 2012 y 2016 utilidades por $ 1.2 mil millones, de las cuales prestó más del 90 por ciento a otras compañías que sus líderes controlaban fuera de El Salvador.
Una investigación publicada en 2016 por el periódico digital El Faro descubrió que Alba Petróleos canalizó más de $300 millones en empresas en Panamá a través de compañías de depósito. Dichas remesas fueron disfrazadas como préstamos de ALBA Petróleos y sus subsidiarias.
“ALBA Petróleos y Albanisa (Nicaragua) han establecido extensas y casi idénticas redes de empresas que se ocupan de todo: Desde paneles solares a tanques de agua, líneas aéreas a la agricultura, empresas e instituciones financieras a la refinación del petróleo. En ambos países, los documentos públicos exigidos a estas empresas han desaparecido en gran medida del registro en los últimos años”, señaló el investigador.
Los indicios que apuntan a José Luis Merino
En su alocución ante la Comisión del Senado, Farah señaló a José Luis Merino como el principal implicado en dirigir las operaciones de Alba Petróleos en el país. Merino, quien es uno de los tres líderes más prominentes del gobernante partido FMLN, fue nombrado en 2016 Viceministro de Relaciones Exteriores para Inversiones Internacionales y actualmente busca ser diputado de la Asamblea Legislativa.
Farah señaló a Merino como el aliado de las FARC en El Salvador desde 1994 hasta 2016, siendo un proveedor clave de armas para los rebeldes colombianos durante ese espacio de tiempo.
En octubre de 2016, la prestigiosa publicación Foreing Policy lanzó un artículo denominado “Para lograr la paz verdadera en Colombia, vayan tras el dinero de las FARC”, en el que se calificó a Merino como “el hombre de las FARC en El Salvador” y se le señala como un prestanombres que encubría dinero para la exguerrilla colombiana en diversas cuentas.
Publicación en inglés de la revista Foreign Policy en la que se describe a José Luis Merino como “el hombre de las FARC en El Salvador” .
El 19 de junio de este año, un grupo congresistas federales estadounidense escribió al Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, solicitando una investigación contra las «actividades bancarias de Merino «que apuntan hacia asociaciones de larga data con organizaciones transnacionales que son objeto de investigaciones penales estadounidenses por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.
La carta dice, además, que Merino «adquirió cientos de millones de dólares en riquezas inexplicables mientras ayudaba a las guerrillas de las FARC con elementos corruptos del gobierno venezolano y otros grupos delictivos a mover los fondos a un puerto seguro».
Diversas personalidades y entidades en Estados Unidos han denunciado los nexos de Merino con el crimen organizado internacional. A finales de junio de este año, la presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, dijo que es urgente que José Luis Merino sea nombrado capo del narcotráfico.
En julio de 2016, el prominente senador federal del Partido Republicano, Marco Rubio, cuestionó por qué el gobierno norteamericano, en aquel momento encabezado por Barack Obama, no había sancionado a Merino, a quien señaló como lavador de dinero y contrabandista de armas.
El actual estado de Alba y la conexión con el lavado
Fuentes internas y externas a Alba Petróleos han manifestado que en la actualidad, la empresa atraviesa por una realidad económica precaria que ha puesto en tela de juicio su continuidad y hasta se ha llegado a manejar que los activos de la sociedad estarían en venta.
Algunos alcaldes que conforman ENEPASA, sin embargo, han negado tales alegatos y en su lugar sostienen la idea de una posible reestructuración, dado que la empresa es una copropiedad de PDVSA y la asociación de alcaldías antes mencionadas.
Julio Villagrán, quien por muchos años fue vocero de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Petróleo, renunció en junio pasado a su puesto de gerente de mercadeo de Alba Petróleos, advirtiendo la precaria situación de la compañía.
“La gente está preocupada porque siguen despidiendo personal”, manifestó Villagrán durante el programa radial “Pencho y Aída”; a la vez explicó que el giro de la empresa cambió, luego que un grupo de venezolanos allegados al gobierno de Maduro llegaran a tomar control de todas las operaciones.
Julio Villagrán. Foto tomada de @PenchoyAida
Este aspecto fue retomado por Farah durante sus declaraciones ante la Comisión del Senado: “Las redes entrelazadas de funcionarios partidarios del gobierno venezolano y de PDVSA dirigen los organismos subsidiarios (en El Salvador y Nicaragua)”, manifestó.
Villagrán, por su parte, sostiene que las ventas de Alba Petróleos han decaído y que se pasó de tener el 15 por ciento del mercado de hidrocarburos en el país a menos del 10 por ciento.
En conexión con esto, Villagrán dijo anteriormente que el combustible que vende Alba Petróleos viene actualmente en un 90 por ciento importado desde Estados Unidos, rompiendo así con la dependencia del petróleo venezolano con la que la compañía empezó en 2006.
Esto tiene que ver con la caída en la producción de PDVSA que instancias internacionales vienen registrando desde 2012. De acuerdo con estudios del banco Barclays, el petróleo que Venezuela compartía bajo el convenio Petrocaribe (al que están adscritos El Salvador y Nicaragua) bajó de 400 mil barriles por día en 2012 a 80 mil en 2015.
Documentos internos de PDVSA a los que tuvo acceso Farah sostienen que la baja de producción de crudo en la estatal venezolana continúa, provocando que las subsidiarias salvadoreña y nicaragüense reciban menos del 15 por ciento del combustible que obtenían cuando comenzaron sus funciones.
El investigador también mencionó la debacle de varios negocios vinculados a Alba Petróleos, como la aerolínea de vuelos económicos Veca, la cual pasó de recibir inversiones de millones de dólares a repentinamente declararse insolventes y salir del negocio.
“La hipótesis de trabajo de IBI Consultants es que se debe a la colocación exitosa de gran parte del dinero de las FARC en el sistema financiero legal, haciendo que las compañías frontales sean innecesarias porque ahora se puede acceder al dinero como legal a través de nuevas estructuras jurídicas corporativas”, sostuvo.