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Más de 33 mil empleos perdidos desde noviembre hasta marzo según FUSADES

Impago de compromisos públicos por parte del gobierno suscitado en abril, traería consecuencias en el desarrollo económico, menciona la fundación.

Redacción
Foto de referencia D1, Archivo.
Foto de referencia D1, Archivo.

El empleo formal en el país continúa en fase de contracción, de acuerdo con el más reciente informe de coyuntura económica de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Según el estudio, de noviembre de 2016 a marzo de 017 se han perdido un total de 33,110 empleos.

El resultado se obtuvo al comparar el número de cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) hasta noviembre de 2016 con los cotizantes existentes a finales de marzo de este año, encontrándose la referida reducción de cotizantes.

Agregado a esta cifra, los investigadores de FUSADES establecieron que la contratación de empleo formal hasta la fecha, es la segunda peor de los últimos 25 años, solo superada por los números de la crisis financiera global de 2008.

Los porcentajes de crecimiento económico obtenidos en los últimos dos años no ayudan mucho a la generación de empleo formal, añade la fundación. En 2015, la economía nacional creció en 2.3% en 2015 y 2.4% en 2016, lo cual mantiene en 29.5% la población económicamente activa empleada en el sector formal.

En general, el panorama económico presagiado por FUSADES no es muy halagüeño, si a esto se le agrega la situación de impago en la que el gobierno cayó en abril pasado, con los intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).

“Luego de una trayectoria impecable del país en el servicio de la deuda pública, entre el 7 y el 20 de abril el gobierno no pagó la deuda con el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) por $55.2 millones.  El impago sorprendió porque se pudo haber evitado reorientando recursos del presupuesto, pero no hubo la voluntad de hacerlo oportunamente”, sostiene FUSADES en un comunicado oficial.

Además recalcó que el actual presupuesto general de la nación, contra el que se ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad, está desfinanciado en $585.9 millones, limitando al gobierno de pagar obligaciones como los CIP con recursos propios y poniendo al país en riesgo de tener que pagar más intereses por sus deudas.

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