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Narcomafioso salvadoreño infiltró instituciones estatales de El Salvador

Debido a recientes acciones por parte de los líderes del Cártel de Texis con campos pagados en ciertos medios de comunicación, consideramos relevante publicar esta nota del periódico El Nuevo Herald, versión en español de The Miami Herald, donde se señala la penetración del Cártel de Texis y su cabecilla Adán Salazar en las instituciones del Estado.

Redacción
narco mafioso

Diario1 reproduce íntegramente el artículo Narcomafioso salvadoreño infiltró instituciones estatales de El Salvador, publicado el 24 de julio de 2015 por El Nuevo Herald, prestigioso periódico de primera línea de los Estados Unidos.

José Meléndez/especial para el Nuevo Herald

El salvadoreño José Adán Salazar Umaña, designado en el 2014 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como “narcotraficante extranjero importante”, emergió como uno de los más importantes mafiosos de Centroamérica y, con su dinero, infiltró instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.

En uno de los mayores casos de corrupción que se tejen en El Salvador, Salazar, de 67 años, avanzó desde ganar pequeñas sumas de dinero en su juventud en el juego de monedas—compra y venta de dólares, colones salvadoreños y quetzales guatemaltecos—en la frontera entre El Salvador y Guatemala, hasta llegar a ser en una de las fichas claves del crimen organizado en Centroamérica como líder del cártel de Texis, que toma su nombre del noroccidental poblado salvadoreño de Texistepeque y que es clave en las rutas del contrabando internacional de drogas.

Antes de ser ubicado en mayo del 2014 en las listas de narcomafiosos del Departamento del Tesoro, Salazar fue presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) y de la Asociación Deportiva Isidro Metapán, equipo de la primera división de este país, y figura visible de empresas como propietario de cadenas de hoteles, estaciones expendedoras de combustibles y negocios de granos básicos.

Una investigación de el Nuevo Herald en El Salvador reveló que Salazar, alias “Chepe Diablo”, estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del anterior presidente salvadoreño, Mauricio Funes, del 2009 al 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso. Las maniobras habrían ocurrido a espaldas de Funes.

El viernes 30 de mayo del 2014, solo dos días antes de que Funes entregara la presidencia a Salvador Sánchez Cerén, su correligionario del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Obama colocó a “Chepe Diablo” en las listas del Tesoro y activó una onda expansiva internacional.

Pese a la declaración de Obama, la Fiscalía General de la República ni siquiera ha girado orden de captura contra Salazar. El fiscal general, Luis Martínez, se abstuvo de responder a las consultas de el Nuevo Herald acerca de las supuestas falencias de la Fiscalía en el caso de Salazar por omisiones o bloqueo de indagatorias sobre “Chepe Diablo”, quien se mueve en su país sin temor de que se le persiga ni por una infracción de tránsito.

INFILTRACIÓN FINANCIERA

Si Salazar hubiera tenido cuentas bancarias y bienes en Estados Unidos cuando Obama emitió su alerta, de inmediato habrían sido congeladas. Tras la declaración presidencial, los estadounidenses y las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con el narcotraficante salvadoreño. La alerta se extiende a estructuras migratorias, aduanales, policiales y de otros aparatos de la seguridad de Estados Unidos.

Pero desde antes de la designación de Obama, Salazar había insertado en la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador a un hombre que fungía como auditor de sus empresas en el cártel de Texis y que fue designado por el salvadoreño Víctor Ramírez, anterior jerarca de la Superintendencia, en posiciones estratégicas.

A nombre de la SSF, el emisario secreto de “Chepe Diablo” asumió como auditor externo de 34 cajas de ahorro y crédito, instrumentos que captan y ofrecen recursos a sectores humildes pero sin regulación y que, al estar exentas de la obligación de explicar el origen de los fondos, son usadas por narcotraficantes para introducir y legitimar grandes cantidades de dinero de origen ilícito y encubrir el lavado en supuestas remesas familiares procedentes de Estados Unidos.

Para lograr sacar a ese auditor de ese puesto clave, y ya en las primeras semanas del gobierno de Sánchez Cerén, fue necesario que el Consejo Directivo de la SSF se reuniera en pleno para ordenar su cese inmediato, porque reiteradamente se negó a renunciar. Los detalles de todos estos hechos fueron confirmados por el Nuevo Herald con fuentes de alto rango de la Superintendencia.

Tras la decisión de Obama, los bancos salvadoreños—excepto uno—le cerraron las cuentas a Salazar y a sus compañías. Para encubrir sus operaciones e intentar salvaguardar a sus firmas privadas, “Chepe Diablo” se vio obligado a iniciar un proceso para traspasar acciones de sus empresas y de sus bienes a familiares y a un círculo íntimo de asociados y amistades, con la intención de sellar su andamiaje de movimiento de dinero. Dado que en El Salvador la moneda de curso legal es el dólar, el ingreso de dinero “sucio” se facilita y se encubre con impunidad.

Amparada en sus potestades, la SSF pidió a los bancos privados salvadoreños que le facilitaran los movimientos bancarios mensuales de sus 100 mayores depositantes, para afinar controles y establecer los “riesgos sistémicos”. El mismo banco que, pese a las alertas de algunos de sus oficiales de cuentas, todavía le recibe dinero a Salazar sin cuestionar el origen de los fondos, fue el único que se negó a suministrar los recuentos mensuales bajo el argumento de acogerse al secreto bancario.

CÁRTELES MEXICANOS

De la mano de Salazar, el cártel de Texis se convirtió en la más importante organización criminal del narcotráfico en El Salvador, con una de las principales redes del contrabando de drogas de Centroamérica. Como proveedor de servicios a los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, Salazar construyó mediante el cártel de Texis una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.

Una ruta del blanqueo de “Chepe Diablo” ha sido la de bajar sorpresivamente los precios de granos básicos, lo que destroza a sus competidores del mercado agropecuario pero le permite inyectar dinero a sus empresas por simulación de ventas.

“La Fiscalía ha quedado en deuda en el caso Salazar, pese al señalamiento del gobierno estadounidense”, afirmó el salvadoreño Óscar Campos, de la organización no gubernamental Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

En declaraciones a el Nuevo Herald, Campos adujo que el fiscal Martínez “tiene un papel criticable en casos de delitos de cuello blanco, corrupción o por conflicto de intereses entre su persona y los investigados. La impunidad se eleva por falta de una persecución penal objetiva”.

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