Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) fueron convocados para la realización de un taller sobre el rol de la institución en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz, pero el evento terminó en una aparente fiesta navideña.
El pasado 6 de diciembre, la procuradora Raquel Caballero de Guevara envió un memorándum a los empleados donde les solicita acudir al taller “Nuevos desafíos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de cara a los 25 años de los Acuerdos de Paz en El Salvador”, en el mismo documento, se anunciaba que el personal sería reconocido con una fiesta navideña.
“En dicho taller también se dará cumplimiento a la cláusula 49 del Contrato Colectivo en relación al reconocimiento al personal por su labor en la Defensa de los Derechos Humanos”, reiteraba dicho documento que anuncia el evento para el 13 de diciembre en el horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Diario1.com tuvo conocimiento que los empleados de la PDDH recibieron el 1 de diciembre una tarjeta canjeable en un supermercado por $125. Además, el día de la fiesta, les fue entregada otra tarjeta por un valor de $75; es decir, cada uno de los 458 empleados recibió $200 provenientes de recursos de la institución.
Lo anterior, contrasta con la Política de Austeridad firmada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén el 12 de mayo de 2015 y la cual fue publicada posteriormente en el Diario Oficial.
Reacción de Procuraduría
La procuradora para la defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, negó que la institución que representa haya organizado una «fiesta», pero sí confirmó la realización del taller en el Circulo Militar en San Salvador.
«El objetivo del taller era explicar todas las líneas gruesas de mi gestión y mi plan de trabajo, las líneas de trabajo de todas las procuradurías adjuntas y las áreas temáticas que funcionan en nuestra institución dentro de la estructura organizativa de nuestra institución y obviamente el plan de cultura de paz”, dijo la funcionaria, quien aclaró que también ser reconoció al personal que tiene más de 10, 15 o 20 años de trabajar en la Procuraduría y los departamentos más destacados durante 2016.
De Guevara, incluso, aseguró que desconocía que el evento contraría con música y luces, ya que el contrato se realizó basado en la cantidad de platos de comida que serían adquiridos para los empleados.
“El taller se realizó.. .contratamos los almuerzos y después de 200 almuerzos la empresa nos regaló música y como el salón tenía hasta luces, incluía, y ni sabía yo. En lo que estaban sirviendo pusieron la música y algunos se pusieron a bailar, pero no es que yo convoqué a una fiesta bailable, eso no es así”, recalcó la encargada de defender los Derechos Humanos en el país.
Asimismo, detalló que el plato de comida tuvo un costo unitarios de $13 y llegaron al taller 387 de los 458 empleados; es decir, la Procuraduría pagó $5,031 por el evento.
“No es que yo disfracé una fiesta como un taller, eso digo un rotundo no, yo hice un taller y yo creo que fui hasta muy rigurosa con el manejo del tiempo”, afirmo de Guevara al confirmar que la actividad que buscaba, según ella, animar a los trabajadores de cara a los retos del 2017.
Sobre los vales de supermercado, la funcionaria confirmó que todos los empleados recibieron $200; de lo cuales, $125 corresponden a un compromiso del contrato colectivo y el resto de fondos no utilizados por la institución.
Política de austeridad del gobierno
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, emitió un decreto ejecutivo prohibiendo las fiestas navideñas y otros eventos en que se usen fondos públicos para agasajar a empleados público.
“Los fondos públicos no podrán ser utilizados para financiar eventos sociales, tales como el día de la secretaria, contador, enfermera, motorista, ordenanza, fiesta navideña, aniversarios institucionales, recepciones y similares; y otros gastos a fines, como tarjetas, canastas navideñas, artículos promocionales, vales de supermercados, agendas y regalos, entre otros. En los casos que se requiera la organización de los eventos o la adquisición de bienes antes señalados, éstos deberán financiarse con recursos monetarios personales”, expresa el artículo 7 literal f de la Política de Austeridad.
“Fomentar el control en la calidad del gasto que permita generar ahorros, promoviendo que éste se ejecute con criterios de austeridad y racionalidad, con el fin de contribuir a la sostenibilidad fiscal del país”, es el objetivo de la política lanzada por el Ejecutivo a mediados de mayo de 2015.
“Se prohíbe a las instituciones utilizar recursos físicos y financieros del Estado para agasajar al personal bajo la modalidad de capacitación, presentación de planes estratégicos anuales, evaluación de logros y objetivos institucionales y otros conceptos similares”, reitera dicha normativa.
Sobre la política de austeridad del gobierno, la procuradora resaltó que la institución que representa es autónoma y toma sus propias decisiones; sin embargo, respetar las disposiciones del Ejecutivo.
«En base al artículo 23 de la Procuraduría es una institución que goza de autonomía, en todo sentido, lo cual no significa que no vamos a ser acorde a las necesidades de la problemática que también el Ejecutivo ha planteado», finalizó de Guevara.
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