Wendy Lisseth Morales Gálvez, de 23 años, está sufriendo un calvario, según ella, por olvidar reportar el robo de su celular ocurrido a inicios de 2014, situación que la involucró en un caso de extorsión y que actualmente la mantiene tras la rejas.
La detenida es licenciada en Trabajo Social, título fue obtenido en la Universidad de El Salvador. Es maestra de náhuat y una reconocida activista social a favor de los derechos humanos.
Los que la conocen aseguran que la joven jamás cometería ningún tipo de delito; sin embargo, la Fiscalía General de la República la acusa de participar en una extorsión cometida contra un ciudadano residente en el departamento de Morazán.
El pasado 5 de septiembre, aproximadamente a las 8:30 de la noche, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a la vivienda de la profesional y la capturaron. Según el novio de Morales Gálvez, Gustavo Martínez, los policías afirmaron que llegaban a la vivienda por un caso de violencia intrafamiliar, posteriormente cambiaron la versión y aseguraron investigar un caso relacionado con drogas y finalmente detallaron que buscaban a Wendy por un caso de extorsión.
Wendy fue capturada y llevada a San Francisco Gotera, Morazán, ya que estaba siendo requerida por el Juzgado de Paz de Jocoaitique del mismo departamento. A la 1:00 de la madrugada, del 6 de septiembre, la joven informó telefónicamente a sus familiares que había sido trasladada por la Policía a dicho lugar y desde entonces se encuentra en la cárcel.
Posteriormente, los abogados de Wendy, detallaron que la joven había sido capturada por una extorsión realizada por delincuentes el 9 de abril de 2014, en la cual habían exigido $500 a la víctima a cambio de no matarla.
El ofendido detalló a los extorsionistas que no tenía dicha cantidad, por lo que acordó con los pandilleros un pago de $150, cantidad que sería depositada ese mismo día a través de una transferencia electrónica en Tigo Money al número 7549-3261,que en ese entonces, pertenecía a Wendy, según registros de la compañía telefónica.
El dinero fue cobrado por los delincuentes en la sucursal de la empresa Tigo ubicada en el centro comercial Plaza Mundo de Soyapango, según la Fiscalía.
Imagen tomada del Facebook de Wendy
Audiencia inicial
La audiciencia inicial en este caso se desarrolló en 9 de septiembre en el Juzgado de Paz de Jocoaitique y la Fiscalía insistió en la participación de Wendy en el delito de extorsión y su vinculación con una estructura criminal.
Por su parte, la defensa de la activista social presentó al juez comprobantes de las actividades a las que se dedica la joven, su arraigo personal y documentos que indican que nunca ha estado involucrada en estructura criminales.
La Fiscalía presentó la bitácora de llamadas en que se relacionaba al número telefónico de la joven y la denuncia de la víctima, pruebas que fueron suficientes para decretar detención provisional contra la joven.
El juez envió el caso a la etapa de instrucción y concedió a la Fiscalía un plazo de cuatro meses para investigar los hechos y ampliar las pruebas contra Wendy. Dicho periodo, la licenciada en Trabajo Social pasará tras las rejas, según el mandato judicial.
“Un duro golpe fue recibir esa bofetada de injusticia ante una institución tan deficiente y un juez sin las suficientes agallas para tomar la decisión más honesta y justa”, escribió el novio de la joven en una carta publicada en las redes sociales y en la que solicitaba que el proceso continuara, pero que la joven quedara en libertad condicional.
Campaña en redes sociales
Imagen de Fespad
Ante la supuesta injusticia cometida en este caso, distintas organizaciones juveniles han montado una campaña en las redes sociales pidiendo justicia a favor de Wendy.
La petición incluye la creación de una página en Facebook, pronunciamientos y hasta una conferencia de prensa que fue brindada este lunes, en la cual los allegados a Wendy denuncian el caso e insisten en su inocencia.
“Exigimos a la Fiscalía General de la República, el desarrollo de investigaciones serias y apegadas a derecho con el propósito de esclarecer la criminalización de la que está siendo objeto Wendy, incluyendo las pruebas que le favorece como lo establece el artículo 270 del Código Procesal Penal”, expresa uno de los apartados de un pronunciamiento público respaldado por al menos 30 organizaciones sociales.
“Levantamos la voz como defensoras y defensores de los derechos humanos, como organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con el desarrollo del país y como ciudadanos, para expresar que Wendy no está sola”, reitera el documento.
Los abogados defensores de Wendy analizan presentar un recurso para revertir la decisión del juez y lograr que la joven enfrente en proceso judicial, pero con medidas sustitutivas a la detención.