La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió este miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto número 39, emitido por la Presidencia de la República, en el cual se establece un cargo del trece por ciento a la tarifa de la energía eléctrica en concepto de inversión social.
Dicho incremento presuntamente constituye un impuesto al precio promedio de la energía eléctrica; lo anterior, debido que dicho cargo vulneraría el principio de reserva de ley tributaria establecido en el artículo 131 ordina 6° de la Constitución, y el principio presupuestario de caja única regulado en el artículo 224 inciso 1°, en relación con el artículo 131 ordinal 8°, ambos de la Constitución.
Al admitir la demanda, la Sala indagará si el cargo para inversión social que establece el decreto reúne los requisitos de un impuesto, además si el destino de los montos provenientes de la aplicación de dicho cargo provoca el incumplimiento al principio presupuestario de caja única, mediante el cual los ingresos del Estado formarán un solo fondo destinado a las necesidades y obligaciones públicas.
El incremento estaba supuesto a entrar en vigencia el 15 de julio y la Sala admite esta demanda con dos días de antelación. La medida provocó una serie de muestras de indignación, incluido un apagón impulsado por las principales gremiales privadas del país.
La demanda fue admitida de manera unánime por los magistrados titulares Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco, más el suplente Eliseo Ortiz.
Presidencia defiende constitucionalidad
Posteriormente, la Presidencia de la República defendió la constitucionalidad del cargo del 13% al kilovatio hora como parte de las tarifas de electricidad y en concepto de inversión social para nuevas formas de energía.
A través de un comunicado, dijo que este cargo significa únicamente 1 centavo de dólar por kilovatio hora (KWh), sin afectar a más de un millón de hogares, un 70% de los mismos, quienes mes a mes reciben el subsidio del gobierno al consumir menos de 99 KWh.
El centavo por kilovatio hora es necesario para la inversión social, que es vital para ampliar las capacidades de CEL en la generación de energía limpia y renovable, lo que garantiza precios bajos sostenibles en el tiempo, agregó.
“Estas inversiones son una apuesta por el desarrollo económico y la competitividad de los sectores industriales, claves en el rumbo de crecimiento económico que ya hemos iniciado, así como para contar siempre con luz en más hogares salvadoreños, sin temerle al fantasma del racionamiento”, añadió.
“El sentido social de aumentar la matriz energética nacional es la generación de más y mejores empleos”, afirmó.
Indicó que El Salvador merece y necesita contar con modernas fuentes de energía amigables con el medio ambiente y pensando en las futuras generaciones, como los parques eólicos y fotovoltaicos aprovechando recursos como el viento, el sol y nuestro petróleo blanco: la geotermia, explotada por la LaGeo, una empresa del Estado que es orgullo nacional.