Un documento firmado por supuestos representantes de las tres pandillas más grandes del país asegura que ninguna de sus estructuras ha tenido que ver con la masacre de once trabajadores en un cerro del municipio de San Juan Opico, La Libertad, el pasado tres de marzo.
Aunque las autoridades en un principio aseguraron que la orden de dicha masacre salió desde los penales de Ciudad Barrios e Izalco y se capturó a casi un centenar de sospechosos, todos quedaron libres.
Según el documento firmado por la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18, el caso se ha caído porque no ha sido ordenado por pandillas. “Eso (señalamientos) es falso. La misma investigación de la fiscalía ya lo confirmó. Sin embargo, el gobierno sigue usando esa falsa acusación para profundizar medidas represivas contra los presos”, reza el documento.
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“Podemos confirmar que de ningún penal ha salido ninguna orden de cometer la masacre de Opico”, dice el documento; sin embargo deja un espacio de duda: “En caso que resultara que miembros de una pandilla han ejecutado esa masacre, lo han hecho sin autorización de su pandilla”.
Esta masacre, según el Gobierno, ha marcado un punto de inflexión en la aplicación de medidas de seguridad, tanto así que a partir de ese día se decidió implementar medidas “extraordinarias” entre las que se encuentran el corte definitivo de la señal telefónica y la declaratoria de estado de emergencia durante un año en los centros penales, según lo afirmó el presidente de la República Salvador Sánchez Cerén.
Sobre el asesinato del alcalde de San Dionisio
“Lamentamos la muerte del alcalde de San Dionisio, don Julio Torres. Repetimos que no es política de las pandillas ejercer violencia política ni atacar a funcionarios electos”, dice el documento sobre el caso del asesinato del edil, el pasado 14 de abril.
El edil Julio Torres fue reportado como desaparecido un día antes de que lo encontraran muerto. Según la familia de la víctima, el edil había salido temprano a uno de sus terrenos, en las cercanías de su casa y luego de unas horas llamó a su esposa advirtiendo que lo habían secuestrado.
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La policía, familiares, allegados y políticos del partido ARENA iniciaron una intensa búsqueda que duró más de 24 horas. En horas de la mañana del jueves fuentes policiales informaron sobre el hallazgo del cadáver.
Las autoridades se limitaron a informar que, según la familia, el edil ya había sido amenazado anteriormente por su cargo como funcionario público, pero no especificaron si la amenaza provenía de pandilleros.