La PNC ya localizó y ha dado seguimiento a casi una docena de militares que España ha requerido para extraditarlos y juzgarlos por el asesinato de seis sacerdotes Jesuitas ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA). Pero no los ha capturado porque espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le diga si puede hacerlo o no.
Mauricio Ramírez Landaverde, director de la institución, explicó en la entrevista Frente a Frente de la TeleCorporación Salvadoreña (TCS) que la policía ha hecho el trabajo que le corresponde y ha enviado la información que ha recolectado a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y a la Policía Internacional (INTERPOL) que tiene en sus manos la difusión roja con propósitos de extradición que emitió a principios de 2016 Eloy Velasco Núñez, juez sexto de Instrucción de la Audiencia Nacional española.
El dilema, detalló, es que en 2011 el pleno de la Corte Suprema resolvió que la captura con propósitos de extradición no podía aplicarse, es decir, que no ordenó la detención de la antigua cúpula militar salvadoreña. El año pasado, sin embargo, la Sala de lo Constitucional decidió que la captura con ese fin sí es viable y calificó como una «aberración jurídica» la decisión anterior. La dirección policial no sabe cuál de las dos acatar.
“Ponen a la PNC en una situación complicada porque nos debemos a cumplir las disposiciones que establezcan”, comentó. «Hemos hecho lo que nos corresponde pero condicionados a la decisión que tomará», agregó.
En otro tema el funcionario aseguró que el porcentaje de pandilleros asesinados en los primeros 18 días de 2016 es mayor en comparación con el de los últimos dos años. A mediados de 2015, por ejemplo, el ministro Benito Lara calculaba que seis de cada diez víctimas de la violencia eran integrantes de esos grupos.
El incremento, expresó, es consecuencia de las luchas de poder que dentro del Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y otras organizaciones libran los mandos medios. La violencia, detalló, se ha intensificado principalmente en Sonsonate, Usulután y en municipios de San Salvador como Soyapango e Ilopango. Pero en localidades como La Paz los crímenes disminuyeron a finales de 2015.
También dijo que la policía desarticuló a los grupos armados que operaban en las faldas del volcán de San Salvador, en el cantón Primavera -Quezaltepeque-, en las zonas montañosas de Chalatenango y en Usulután.
«Muchos fueron detenidos, algunos murieron», dijo refiriéndose a las fotografías de pandilleros armados hasta los dientes que publicaron el año pasado los medios de comunicación.