El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha reactivó la orden de detención de 17 militares salvadoreños acusados del asesinato de seis jesuitas españoles en el Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.
Velasco ha dado este martes a la Interpol y a la Oficina Sirene las órdenes de detención y ha mandado también copia al jefe de la Oficina Central de la Interpol en El Salvador y a la Dirección general de Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña para que procedan a las detenciones, en cuyo caso España solicitaría la extradición.
Recientemente el CJA (oenegé que funciona como acusadora privada) pidió al juez Velasco librar nuevas órdenes de captura contra la cúpula militar de los años 80 y el resto de vinculados al magnicidio de los religiosos tomando en cuenta que a finales de agosto de 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) modificó el criterio que establecía que una difusión roja no puede traducirse en la detención de los buscados por la justicia internacional.
Desde ese día varias fuentes judiciales previeron que el nuevo criterio que establecieron los magistrados de la Sala Constitucional iba a terminar con nuevas órdenes de captura. Lo entendieron como una nueva forma de allanar el camino para el juzgamiento de los militares de la conocida como Tandona.
En agosto de 2011, la Interpol emitió las difusiones de captura contra los militares vinculados al crimen, pero estos se refugiaron en una base militar bajo el apoyo del Ministerio de Defensa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que las difusiones de la Interpol solo servían para dar con la ubicación de los acusados, pero no para su captura.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron en el campus de la UCA al sacerdote español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de esa casa de estudios y prominente defensor de la Teología de la Liberación.
También fueron asesinados los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.
El 27 de setiembre de 1991, un jurado declaró culpables del crimen al director de la Escuela Militar de San Salvador, coronel Guillermo Benavides, y al teniente Yusshy René Mendoza, responsable de la muerte de Celina Ramos.
El mismo jurado exoneró de cargos -pese a haber participado en el crimen, según las investigaciones- a dos tenientes, dos sargentos, un cabo y dos soldados. Tanto Benavides como Mendoza fueron liberados al amparo de una ley de amnistía decretada en 1993, tras el fin de la guerra civil.