Antes de que el juez retornara a la sala de audiencias, el expresidente Francisco Flores ya sabía que iba ser regresado a la bartolina de la cual, un año atrás, había dicho que era del tamaño de un colchón y que se inundaba cada vez que llovía. Y así fue. No hubo vuelta atrás. El juez Miguel Ángel García Argüello no revocó la sentencia que había dictado horas antes y envió a Flores a una prisión. Las cartas estaban tiradas.
Cuando el juzgador terminó de leer la sentencia, la esposa y los hijos del exmandatario se acercaron y lo abrazaron con plena tristeza. Su hija no pudo ocultar las lágrimas. Flores salió, cabizbajo, por la puerta trasera custodiado por varios agentes policiales. Su destino era una celda de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).
El 24 de noviembre del año pasado, en una audiencia especial, Flores manifestó que las condiciones en esa bartolina no eran las más adecuadas para su salud. Esto porque, a su juicio, no le permitían cumplir con las recomendaciones que los médicos le habían hecho para tratar la trombosis que padece en una de sus piernas. Detalló que el pasillo donde lo sacaban a caminar apenas tenía tres metros de largo.
Este jueves, el juez García Argüello decidió enviar a juicio al expresidente Flores. El delito que más mencionó en la resolución no fue peculado, ni tampoco enriquecimiento ilícito, mucho menos el de desobediencia a particulares. Esos son los tres ilícitos por los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) acusó inicialmente al expresidente Francisco Flores. Y, sin embargo, el delito que el juzgador más repitió en su lectura fue el de casos especiales de lavado de dinero.
La lectura del fallo inició a las nueve de la mañana. Los defensores, querellantes y fiscales llegaron temprano a la cita. A Flores se le veía relajado. Muy relajado. El juez comenzó a plantear su análisis con el delito de peculado. Recordó que, según la investigación, Taiwán donó nueve cheques que suman más de 24 millones de dólares que estaban destinados para la ejecución de distintos proyectos.
El juez citó el informe que el “Departamento de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Taiwán” envió al gobierno de El Salvador. Ahí, en ese documento, se constata cada uno de los donativos y se detallan los proyectos para los que estaban destinados esos fondos.
En la investigación fiscal se detalla que la ruta financiera de $10 de los $15 millones donados por Taiwán no fueron registrados por el gobierno de Flores y que fueron desviados hacia el banco Cuscatlán de Costa Rica. La cuenta fue habilitada por Gerardo Balzaretti Kriete a nombre del Instituto de Estudios Políticos “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, una fundación allegada al partido ARENA. Esa cuenta solo duró seis meses y luego fue cerrada.
Después retiraron todo el dinero y lo enviaron a una cuenta de ahorros del Centro “José Antonio Rodríguez Porth”. De esa fundación pasó a una cuenta del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA). Ahí se diluyó el dinero. Es por eso que los fiscales dicen que el dinero se utilizó en la campaña del expresidente Antonio Saca.
Foto D1. Rodrigo Sura.
A criterio del juez, esa ruta del dinero es clave para atribuir el delito de casos especiales de lavado de dinero porque el desvío se hizo con una clara intención de “ocultar” el origen de los fondos. Pero, además, dijo que el haber ingresado el dinero a una cuenta del partido ARENA para el beneficio de ese instituto político configura el delito de peculado. Sobre el ilícito de desobediencia, García Argüello expuso que Flores no acudió al último citatorio que hizo la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigó el desvío de las donaciones de Taiwán.
En el caso del delito de enriquecimiento ilícito, el juez sentenció que, de acuerdo con la declaración patrimonial que se anexó al proceso judicial, Flores no pudo justificar la procedencia de $333 mil 104. Y también señaló que los otros $5 millones donados por Taiwán fueron a parar, tal como lo planteó la Fiscalía, a manos del expresidente Flores. Sin embargo, en el proceso no consta ninguna prueba que Flores se quedó con esos cinco millones de dólares. Y precisamente fue eso lo que refutó uno de sus defensores.
Las argumentaciones que el juez dio para regresar a Flores a una prisión fue que el tratamiento era de carácter ambulatorio y que podía ser tratado sin ningún problema en una celda. También que, con la imputación del delito de casos especiales de lavado de dinero, hacía la acusación más grave y eso no permitía conceder esa medida sustitutiva.
Las armas de la defensa
Cuando el juez terminó de leer la resolución, Edgar Morales Joya, el principal defensor del exmandatario, se puso de pie y pidió la palabra. Indicó que iba a realizar dos impugnaciones de la sentencia dictada por el juzgador.
La primera era que no estaba de acuerdo con el hecho que validara la participación de los querellantes en el proceso penal porque, según su planteamiento jurídico, estos cometieron ilegalidades cuando se inscribieron. El segundo punto que refutó Morales Joya fue la revocatoria de la medida del arresto domiciliar.
La situación se puso tensa por algunos instantes. Morales Joya estaba evidentemente molesto y hacía algunos señalamientos contra el juzgador con vehemencia. Al grado que, el juez le pidió que se dedicara únicamente a hacer la sustentación jurídica de su exposición e hiciera menos acotaciones en contra del tribunal. Una hora y media después, el juez ratificó su resolución y envió a Flores a una celda de las bartolinas de la DAN.
Morales Joya dijo que iban a apelar ante una Cámara de lo Penal la disipación judicial que hizo retornar a Flores a prisión. La imputación del delito de casos especiales de lavado de dinero es inapelable y se tendrá que definir en la vista pública.
Sobre eso, el defensor expuso, con un tono molesto, que “eso es lo más contrario al derecho. Es lo que la doctrina le llama las acusaciones sorpresivas. Normalmente lo hace la Fiscalía, pero ahora nos hemos dado cuenta que el juez se ha dado el lujo de hacer eso”.
El fiscal Julio Zamora solo intervino para decirle al juez que revisara si los querellantes habían cumplido con todos los requisitos legales para poder ser parte en el proceso. Y pidió dejar sin efecto la revocatoria de la medida cautelar del arresto domiciliar. Eso fue todo.
Ahora Flores está de nuevo en prisión.
Foto D1. Rodrigo Sura.