El Juzgado 7° de Instrucción mandó a la etapa de juicio al expresidente Francisco Flores por el supuesto desvío de $15,000, 000 de la cooperación de Taiwán que terminaron en las arcas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y, preliminarmente, le imputó el delito de lavado de dinero.
Flores, además, fue enviado nuevamente a las bartolinas de la División Antinárcoticos (DAN) debido a que la gravedad de los delitos que se le han atribuido aumentó en comparación a cuando Levis Italmir Orellana, juez 1° de Instrucción, lo benefició con el arresto domiciliario. El Juzgado valoró que el imputado puede recibir tratamiento médico para la trombosis en la prisión porque en los últimos diez meses solo ha ido a consulta unas cuatro veces con intervalos de hasta 60 días.
«Es probable que pueda influir negativamente en la prueba y la investigación», dijo Miguel Ángel García Argüello, juez 7° de Instrucción.
Después del anuncio Edgar Morales Joya, defensor del exmandatario, pidió la revocatoria. Dos horas más tarde el juez confirmó la orden de mandarlo a las bartolinas de la DAN porque los argumentos que esgrimió el abogado fueron insuficientes. Tiene cinco días para presentar un recurso de apelación en una cámara de lo penal.
En total son cuatro delitos los que enfrenta: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y desobediencia de particulares.
El juez consideró, además, que existen suficientes indicios para creer que el exmandatario cometió peculado, es decir, se apropió de fondos públicos para beneficio personal y de terceros, en este caso, el ahora principal partido de oposición.
Según un informe enviado por Taiwán la cooperación debió ser invertida así: $4,000, 000 para mitigación de riesgos; $1,000, 000 para el combate a la pobreza; $2,000, 000 pequeños proyectos de desarrollo económico; $3,000, 000 en construcción de viviendas para los afectados de los terremotos del año 2001. Los millonarios montos, sin embargo, terminaron en las arcas de ARENA para financiar la campaña electoral de Elías Antonio Saca y Ana Vilma de Escobar entre finales de 2003 y principios de 2004.
«Los fondos no fueron utilizados para el beneficio del pueblo salvadoreño», señaló en la audiencia García Argüello.
El país asiático, señaló en la lectura de la resolución el juez, confió en que las autoridades salvadoreñas iban a invertir en lo pactado el dinero y que las leyes nacionales iban a ser cumplidas. En la práctica sucedió algo diferente: en vez de entregarlos al Ministerio de Relaciones Exteriores o a una cartera competente los desvió a una cuenta bancaria en Costa Rica que abrió con la anuencia del banquero José Mauricio Felipe Samayoa Rivas.
“Estando en pleno uso de sus facultades y siendo conocedor del procedimiento provocó el desvío de los mismos (fondos) en beneficio de un tercero causando un grave perjuicio a la sociedad”, comentó el juez.
También imputó a Flores por dos casos de lavado de dinero. El primero es por el desvío de $10 millones que iban destinados a programas de inversión pública y el segundo por el «ocultamiento» de $5 millones más cuyo paradero todavía es desconocido.
En el desvío de $10,000, 000 participaron como cómplices Samayoa Rivas y los empleados con poder decisorio del Cuscatlán que, sabiendo que las transferencias bancarias no pueden ser tan laxas, avalaron y permitieron transferencias por millones de dólares a la cuenta de ARENA en San Salvador lo que posteriormente facilitó que el dinero entrara al circuito financiero del país para legitimarse, no obstante su origen oscuro.
El mecanismo de lavado, señaló el juez, fue rápido y hábil para tratar de ocultar cualquier rastro que permitiera inferir que el dinero provenía de los fondos de Taiwán.
El banquero y los trabajadores, dijo, incluso violaron la política interna del entonces Banco Cuscatlán que rechazaba transferencias superiores a $1,000, 000. Solo el primer giro depositado en la cuenta fue de casi $2 millones. «Tuvo gran incidencia la participación del representante legal (Samayoa) y los empleados», expresó.
Sobre los $5 millones el juez admitió que la Fiscalía General no ha demostrado dónde están pero ha presumido que ha engrosado el patrimonio del imputado. Por eso consideró que está frente a otro caso de lavado de dinero porque ha existido un «ocultamiento».
En lo que sí ha presumido enriquecimiento ilícito el juez es en $333,104.70 que Flores declaró al Ministerio de Hacienda pero no demostró cómo los había obtenido. Es dinero cuya procedencia es injustificada.
Cuando inició su periodo como presidente en 1999, Flores declaró como patrimonio $1,394, 757.70 y cuando finalizó su gestión, en 2004, solo había incrementado el monto de sus bienes muebles por $20,220.88.
«Fue a causa del abuso de poder del encartado que ocultó el destino de fondos procedentes de la donación internacional ocultando todo rastro de verificación», dijo García Argüello.
