La Corte de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos confirmó la orden de deportación a El Salvador de José Guillermo García, exministro de Defensa en los años 80 y que durante la guerra civil ocupó distintos cargos desde los que, según informes de derechos humanos, colaboró para que el ejército y escuadrones de la muerte perpetrarán los asesinatos más trascendentales de la historia salvadoreña como el de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de cuatro monjas estadounidenses o la masacre de El Mozote.
La decisión, que confirmó el juez Michael C. Cuerno, tuvo como principal antecedente la deportación de Guillermo Vides Casanova, exdirector de la Guardia Nacional implicado en crímenes de lesa humanidad también cometidos en los años 80.
La lista de crímenes atribuidos a García incluye el magnicidio de Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980; el crimen de las monjas Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y la misionera laica Jean Donovan que fueron llevadas a un lugar aislado donde también las violaron; y la Masacre de El Mozote donde fueron brutalmente asesinadas más de 1,000 campesinos; y la tortura de ciudadanos como Juan Romagoza Arce.
En la página del Centro para la Justicia (CJA por sus siglas en inglés) están escritas las declaraciones de Carolyn Patty Blum en las que explica el papel que García jugó durante la guerra civil que dejó más de 80,000 muertos y desaparecidos. “Fue el hombre más poderoso en un reino de terror de estado en el que fueron asesinados decenas de miles de salvadoreños inocentes”.
En la página del Centro para la Justicia (CJA por sus siglas en inglés) están escritas las declaraciones de Carolyn Patty Blum en las que explica el papel que García jugó durante la guerra civil que dejó más de 80,000 muertos y desaparecidos. “Fue el hombre más poderoso en un reino de terror de estado en el que fueron asesinados decenas de miles de salvadoreños inocentes”. Agregó, además, que esperaba que los tribunales salvadoreños lo citen por su responsabilidad en la masacre de El Mozote. La Fiscalía General (FGR) tiene abierta una investigación de esa matanza ocurrida los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981.
García ejerció como ministro desde 1979 hasta 1983. Las atrocidades cometidas desde el Estado contra civiles, concluyó el juez Cuerno, fueron deliberadas por la militancia política que profesaban. Citó, por ejemplo, a Romagoza Arce que fue interrogado y torturado en la Guardia Nacional. El entonces máximo titular de Defensa sabía lo que pasaba pero nunca impidió a sus subalternos impedirlo sino que propició un clima de naturalidad para la depredación contra los supuestos enemigos del régimen militar, es decir, los considerados comunistas o salvadoreños que habían viajado a países como la URSS, Cuba o Nicaragua.
El CJA llevó a la justicia a García en 1999 para intentar ganar una indemnización a favor de las víctimas de torturas. Eso dio pie a un juicio civil multimillonario que también incluyó a Vides Casanova. En 2002 fueron hallados culpables y obligados a ganar $54 millones. Ellos argumentaron a su favor que no tenían control sobre las tropas en medio de la confusión y la locura que implica una guerra y que además habían tratado de fomentar la democracia en el país frente a la agresión comunista planeada y ejecutada desde el Kremlin. En ese juicio Romagoza recordó que lo ahorcaban con alambres de puas y le descargaban choques eléctricos en los genitales porque sospechaban que era subversivo.
El 8 de abril de este año llegó deportado del país norteamericano Vides Casanova por los mismos señalamientos que penden de García. Todavía está pendiente el destino de Inocente Montano, miembro de la conocida como Tandona a quien reclama el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional de España por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas cometido el 16 de noviembre de 1989.