Para entrar al Arzobispado de San Salvador –la sede administrativa de la Iglesia Católica en El Salvador- primero hay que llenar un cuestionario con cinco preguntas que le entrega un anciano con gestos amables pero de pocas palabras que espera sentado en una silla de madera ubicada en el quicio de la puerta. A la altura de su ombligo una mesita sin mantel sostiene una caja con páginas cortadas en cuadros y a la mitad.
– Queremos gestionar una entrevista con monseñor José Luis Escobar Alas. Una señora lo acusó de cosas muy graves.
– Llene este papelito.
Dos minutos más tarde el cuestionario regresa a sus manos.
– Al mediodía se lo voy a entregar a la secretaria de monseñor.
– ¿Se puede hablar con ella para hacer la gestión personalmente?
– No, no se puede entrar.
– ¿Por qué?
– No se puede.
El señor proporcionó el número telefónico del Arzobispado. Se llamó dos veces para intentar, aunque sea por ese medio, hacer la gestión. La primera vez nadie atendió la llamada; la segunda, la secretaria no contestó porque, según la operadora del conmutador, se “había levantado” de la silla; la tercera ya no estaba en la oficina.
Una mujer, en una conferencia de prensa en Fundación Legal, contó lo siguiente: cuando tenía 14 años el sacerdote Leopoldo Antonio Deras Guillén la subió a la segunda planta de la Iglesia Asunción, en Mejicanos, y la violó. Repitió sistemáticamente los abusos hasta que, cumplidos los 21 años, quedó embarazada. En ese lapso de tiempo la llevaba a orgías que siete sacerdotes organizaban en un rancho privado frente al Lago de Apulo, Ilopango.
A los tres meses de gestación el sacerdote le recomendó abortar. Ella se negó y huyó con su cruz a cuestas. Tiempo después se le ocurrió buscar ayuda con otros jerarcas católicos. El primero al que acudió fue monseñor Jesús Delgado que le sugirió mantener una relación de pareja con el violador porque la iba a mantener económicamente. Se sintió mucho más humillada pero prefirió el silencio porque todavía eran los tiempos de la guerra civil y, hablar de más, podía costarle la vida. Luego se vino la firma de los Acuerdos de Paz y una nueva amenaza: “Si decís algo te vamos a desaparecer”.
Todavía con la herida abierta buscó a monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien le ofreció ayuda para redactar una carta que luego enviaron a Escobar Alas. Tres días después la llamó y le pidió una reunión en la que le dio un cheque por $5,0000 y una excusa: no podía darle nada de los bienes de Deras Guillén porque había muerto pobre, sin un centavo en los bolsillos. Pero eso sí, el dinero era para comprar su silencio. Y si acaso regresaba le advirtió que ya había consultado con sus abogados denunciarla por extorsión.
“La iglesia no tiene nada que ver. Es mejor que se calle porque nadie le va ayudar”, dijo la mujer que le pidió Escobar Alas.
En la conferencia mostró la copia del cheque emitido el 22 de agosto de 2011, un documento en el que el supuesto violador –que falleció en 2009 de cáncer- reconoce la paternidad del niño que ahora es mayor de edad y un testamento en el que nombra heredero de tres propiedades –ubicadas en San Salvador- a Escobar Alas. Del último la víctima tiene dudas porque le aseguraron que su victimario había muerto pobre; por eso presentó una denuncia en la Fiscalía General (FGR).
“Esos actos se consumaron porque las mujeres amenazadas teníamos miedo; la Iglesia es un monstruo al que no podía enfrentar sola”, expresó. “La herida no ha cerrado ni se cerrará jamás porque con dinero no se puede pagar la angustia que he llevado”, agregó.
El hijo que nació del abuso todavía está llevando un juicio de identidad para adoptar el apellido del sacerdote. Si tuviera enfrente a Escobar Alas, le gritaría que tiene doble moral al mandar a callar a su mamá mientras en la actualidad ha pedido a las víctimas de violencia sexual acercarse a la Iglesia a denunciar a los sacerdotes que los hayan cometido.
“Mi mamá merece justicia. Monseñor debe pedir perdón”, exigió.
El 26 de noviembre la jerarquía católica aceptó que monseñor Jesús Delgado había sido acusado de abuso sexual a una menor. Mientras se confirma o rechaza la denuncia lo ha suspendido de su cargo como vicario y lo mantiene en una casa de retiro haciendo penitencia. El domingo pasado Escobar Alas anunció que había abierto otra causa contra Juan Francisco Gálvez, párroco de Rosario de Mora por los mismos señalamientos.