Cuando los especialistas informáticos de La Prensa Gráfica comenzaron a investigar a nombre de quiénes estaban registrados los dominios utilizados para clonar el sitio web del periódico, no encontraron nada. Ambas direcciones (iaprensagrafica.com y laprensagraifica.com) estaban protegidas bajo confidencialidad de datos. No aparecía el autor.
La única pista que encontraron fue que uno de los dos sitios clonados direccionaba a una página en blanco donde aparecía solo el nombre del dominio (axpuntes.com). Lo revelador fue que cuando verificaron quién era el administrador de esta cuenta apareció el nombre de Andrés Ortiz Lara, con su correo electrónico y su número telefónico. Eso fue todo. No encontraron nada más.
Con ese único indicio, el apoderado legal de La Prensa Gráfica, Arístides Perla, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia y pedir que investigara ambos plagios del sitio web. Las clonaciones habían sido realizadas con el fin de subir dos entrevistas donde el presidente de referido periódico daba declaraciones que nunca brindó.
El primer ataque ocurrió el pasado 8 de julio desde el dominio “iprensagrafica.com”. El título de la primera entrevista falsa decía “Dutriz: Nosotros somos los dueños de los periódicos y podemos publicar lo que queramos”. El segundo ataque fue catorce días después y la dirección que crearon para subir la noticia falsa fue “laprensagraifica.com”. En esta ocasión el título era “Dutriz: No estamos obligados a pagar un premio injusto”.
Después de la denuncia que hizo el abogado Perla, los investigadores comenzaron a buscar a Ortiz Lara. Le siguieron la pista durante varios días. Las indagaciones arrojaron que este residía en la colonia Florencia del municipio de Soyapango, departamento de San Salvador; y que se movilizaba en un vehículo, marca Toyota, hasta una casa localizada en la Urbanización Madre Selva del municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. Ese era su lugar de trabajo.
El pasado 11 de noviembre, la Fiscalía allanó la vivienda de Ortiz y también la empresa Bunker, donde el sospechoso laboraba. Eran pasadas las tres de la tarde. Los fiscales aseguraron que esa casa servía como “troll center”. La fachada sugería que se trataba de una empresa de Marketing. Pero, en realidad, desde ese lugar se hacían ataques cibernéticos. Así lo constató la Fiscalía en su acusación penal.
De acuerdo con las autoridades fiscales, fue ahí donde se clonó el sitio web de La Prensa Gráfica y se publicó las dos entrevistas falsas con el dueño de ese periódico. Los fiscales incautaron catorce computadoras, un disco duro y varios teléfonos celulares. Los investigadores creen que esas máquinas podrían contener información que confirme que en ese lugar se realizaba guerra cibernética.
En el requerimiento presentado por la Fiscalía hay una sola persona acusada de haber clonado el sitio electrónico de La Prensa Gráfica. Su nombre es Andrés Ricardo Ortiz y tiene veintisiete años de edad. Este joven, según los documentos decomisados, también había laborado como técnico programador para la Secretaría de Asuntos Estratégicos, adscrita a Casa Presidencial (CAPRES).
Un día después de la captura del joven, Casa Presidencial emitió un comunicado en el que reconocían que “Ortiz se desempeñó hace más de dos años, durante un corto periodo de 6 meses, como técnico programador en la entonces Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia”.
Casa Presidencial detalló que el trabajo de Ortiz consistió en la “creación del portal web Gobierno Abierto” que fue lanzado en diciembre de 2013. No obstante, en el comunicado aclararon que el imputado ya no tenía “ningún vínculo con esta entidad”.
“El señor Ortiz renunció a la Presidencia por motivos profesionales, según la carta de renuncia que obra en poder de esta institución”, decía el escrito. Además, otras investigaciones arrojaron que la empresa Bunker había realizado trabajos al Ministerio de Turismo y a la alcaldía de San Salvador. A esta última le creó la aplicación Sívar.
Concejales del partido ARENA de la alcaldía de San Salvador denunciaron cuatro días después que Ortiz había participado en sesiones del concejo de la comuna capitalina junto con un joven llamado José Carlos Navarro, quien el día del allanamiento aseguró ser el gerente de la empresa Bunker y también reconoció administrar una cuenta en Twitter denominada “Payaso Sin Gracia”. A través de un comunicado, los concejales pidieron explicaciones al alcalde Nayib Bukele por esos hechos.
Foto archivo. Ernesto Sanabria (izq.), junto a Nayib Bukele, actual alcalde de San Salvador en su campaña a la silla edilicia.
El payaso Brozo y el alcalde Bukele
En la acusación particular que planteó el apoderado legal de La Prensa Gráfica ratificó la relación de los hechos que se documentan en el requerimiento que presentó la Fiscalía. Pero, además, menciona a otras personas entre las que aparecen el alcalde Nayib Bukele y su asistente Ernesto Sanabria.
En el escrito presentado por el abogado Perla dice que tras la denuncia que interpuso en la Fiscalía, una fuente confidencial les informó que el pasado mes de junio personas relacionadas a Bukele buscaban “a una persona con conocimientos de informática y páginas web para crear un sitio falso de La Prensa Gráfica, y que personas que ellos conocen les manifestaron que les ofrecieron la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América para crear la página falsa”.
El documento continúa relatando que “estas personas le manifestaron que no habían aceptado (el trato) y que el ofrecimiento lo hizo José Carlos Navarro, quien tiene dos cuentas en Twitter denominada “Payaso sin Gracia” y “No seas Maje” y que el jefe inmediato de esta persona se llama Ernesto Sanabria conocido como ‘El Brozo’, quien dirige el Team Nayib”.
En una entrevista con el periodista Ernesto López, Bukele se desmarcó de tener alguna relación con Ortiz y Navarro. Señaló que cuando se realizaron los ataques a La Prensa Gráfica, Ortiz trabajaba para una empresa que lleva años trabajando para el partido ARENA.
Sin embargo, el pasado 19 de noviembre, en un evento donde el alcalde Bukele anunció la venta de una camioneta blindada que compró el exalcalde Norman Quijano, el periodista de Diario1, Bryan Avelar, intentó hacer algunos cuestionamientos sobre este caso, pero el edil dijo que no iba a contestar preguntas que no estuvieran relacionadas al evento. Ante la insistencia del periodista, Ernesto Sanabria, asistente de Bukele, se le acercó y le preguntó que quién era su jefe. Finalmente, el edil no contestó ninguna interrogante.
El abogado de La Prensa Gráfica plantea que los ataques al periódico que representa fueron ejecutados en respuesta a algunas publicaciones en las que criticaron al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, por la compra de unos terrenos a una institución gubernamental a menos precio del establecido; y otras contra el alcalde Bukele por haber contratado a familiares en la alcaldía de San Salvador.
La Fiscalía acusó a Ortiz por los delitos de violación de distintivos comerciales, falsedad material y violación a derechos de autor y derechos conexos. En la audiencia inicial, el imputado quedó en libertad condicional tras pagar una fianza de $10 mil y ofrecer la hipoteca de su casa valorada en más de 40 mil dólares. La jueza suplente del Juzgado Primero de Paz de Antiguo Cuscatlán pasó el caso a la fase de instrucción y dejó en libertad al imputado; no obstante, le prohibió salir del país y le ordenó presentarse a firmar al tribunal cada mes.
Foto D1 archivo. Ortiz Lara en la audiencia inicial.