El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), Andrés Amaya, tiene algunas explicaciones del por qué decidieron cerrar la investigación contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, señalado de algunas irregularidades en la compra de unos terrenos en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
En noviembre del año pasado, La Prensa Gráfica publicó una nota en la que detallaba que la empresa Terrenos e Inversiones, S. A. de C. V. (TERREIN), propiedad de Sigfrido Reyes y Byron Enrique Larrazábal (quien había sido su asesor en la Asamblea Legislativa), había comprado cinco lotes, ubicados en Nuevo Cuscatlán, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (ISPFA). El pago por el terreno integro fue de $440 mil 501.
Amaya asegura que a raíz de las publicaciones realizadas por ese periódico, el fiscal general Luis Martínez le pidió que abriera una investigación para determinar si existía algún delito.
Los posibles ilícitos que investigaron, con base a las publicaciones periodísticas y un aviso emitido por un dirigente del partido ARENA, eran tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociaciones ilícitas.
Pero casi un año después la Fiscalía ha cerrado el caso aduciendo no haber encontrado ningún ilícito contra el expresidente de la Asamblea Legislativa. El jefe fiscal asegura que para realizar la investigación solicitaron información al IPSFA y a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. También solicitaron información al sistema financiero del país.
El primer punto, asegura, es que cuando consultaron al ISPFA el por qué habían vendido los cinco lotes a menor precio del establecido, estos respondieron que se debía a una serie de características que devaluaban el costo del terreno.
“Según nuestra investigación, en el caso del terreno que compró el señor Reyes hay una pila de aguas lluvias y una zona de peaje que reduce el espacio. Con esos detalles, el terreno se reducía del 100% al 58%. Esa es la justificación que se tiene para el precio menor”, explicó Amaya.
En cuanto al posible delito de enriquecimiento ilícito, el jefe fiscal dice que solicitaron información al sistema financiero para determinar si las cuentas de Reyes y las de su asesor eran lícitas. Esa investigación arrojó que Reyes aportó 100 mil dólares y Larrazábal $150 mil para la compra de los terrenos. Otra señora, de la cual Amaya no dijo su nombre, aportó el resto.
El dinero de Reyes, según explicó el jefe fiscal, salió de una cuenta de ahorros personal; y que, al final, no lograron establecer que ese dinero provenía de un ilícito, sino del salario que devengaba como presidente del Órgano Legislativo.
Las conclusiones de Amaya son las siguientes: “constituir empresas no es una negociación ilícita, porque en este caso (TERREIN) no es una empresa que se dedique a cometer delitos. El hecho que el dinero no proviene de un ingreso ilícito, entonces nos hacer descartar el enriquecimiento ilícito. Y si las negociaciones que se dieron no están enmarcadas dentro de la influencia de él, tal como logramos establecer, porque las negociaciones las realizó el señor Larrazábal, entonces no podemos establecer un tráfico de influencia».