El funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte (SITRAMSS) llevaría a la quiebra a unas 30 de las 51 rutas de buses y microbuses que hacen sus recorridos desde San Martín hasta Mejicanos y como daño colateral podría dejar sin empleo a unos 3,000 choferes, cobradores, mecánicos y empleados administrativos según los empresarios del transporte colectivo.
El colapso financiero de las casi 900 unidades de las rutas 7, 29, 41, 13, 3 y otras será una realidad en unos tres o cinco meses, pero puede adelantarse si el Viceministerio de Transporte que preside Nelson García recorta la tarifa como supuestamente tiene previsto hacerlo para disminuir los costos a los pasajeros que se mueven en el Área Metropolitana de San Salvador y sus alrededores.
Los buseros empezaron a sufrir golpes en sus bolsillos cuando el vicepresidente Óscar Ortiz anunció que los buses del SITRAMSS iban a hacer recorridos gratis durante tres meses que fueron de finales de diciembre a mediados de mayo. Eso arrebató unos 300,000 usuarios al sistema tradicional, es decir, unos $7,000, 000.
“Es una competencia desleal muy fuerte, no podemos contra ella”, afirmó Juan Pablo Álvarez, de la Asociación Cooperativa de Pilotos Automovilistas y Trabajadores del Transporte (AEAS) después que presentó, junto a otros cuatro empresarios más, una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el reglamento que regula el funcionamiento de las unidades del nuevo sistema.
Recordó, asimismo, que los fuertes congestionamientos vehiculares en el bulevar del Ejército y Alameda Juan Pablo que provoca el carril exclusivo para los buses articulados les están dejando más gasto en gasolina, repuestos, tiempo mientras los pasajeros se bajan enojados de las unidades. Hasta mediados de 2014 hacían unos siete viajes pero ahora no logran hacer más de cuatro. En las horas pico menos.
Catalino Miranda, miembro de la Mesa Nacional del Transporte, consideró prematuro hablar de quiebras y desempleos porque el Gobierno que preside Salvador Sánchez Cerén ha tendido la mano a todos los empresarios para estudiar cómo pueden concretizar la modernización del rubro. “Cuando queremos tener nuestros propios planteamientos y nuestros propios caprichos es que la cosa se pone nublada”, expresó el también accionista de Sipago, la sociedad que aglutina a los inversionistas del SITRAMSS.
El transportista Genaro Ramírez explicó vía telefónica que hace dos semanas pidieron una audiencia con Sánchez Cerén para contarle que están a pocos pasos de la bancarrota pero no los atendieron. Con el viceministro han preferido no reunirse más porque “nos insulta”. Lo que en realidad el Gobierno ha hecho, de acuerdo a Roberto Soriano, de la Asociación de Transportistas (ATP), es obligarlos a desaparecer más del 50 por ciento de las 900 unidades que circulan y a decidir entre ellos quién vive y quién muere.
Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, evitó responder directamente cuando se le preguntó si los funcionarios previeron que el SITRAMSS llevará a la quiebra casi una treintena de rutas y provocará una avalancha de desempleos. “La mayor rentabilidad que se necesita es para el usuario”, dijo el 11 de mayo después de participar como ofendido en el juicio por corrupción contra los extitulares de la administración de Elías Antonio Saca y los empresarios salpicados en el desfalco en la construcción del exbulevar Diego de Holguín, que el expresidente Mauricio Funes rebautizó bulevar Monseñor Romero.
A principios del año pasado al Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculaba que el desempleo afectaba al 16.2% de la población económicamente activa. Casi el 40% se desempeña en el sector informal y como subempleada.