Alba Gladys Salamanca, jueza 5° de Instrucción, rechazó la pretensión de los defensores de los acusados en el caso ex Diego de Holguín de borrar del juicio un informe pericial en el que se sostiene el caso de corrupción que ha salpicado a exfuncionarios de la administración presidencial de Elías Antonio Saca.
De acuerdo a los abogados del exministro de Obras Públicas (MOP) Jorge Nieto, exviceministro Sigifredo Ochoa Gómez y quince imputados más –entre estos del consorcio COPRECA- Linares- el informe de Inspección Técnica-Ocular que ha presentado la Fiscalía General (FGR) tiene vicios porque los elaboraron empleados públicos que pudieron haber inclinado la balanza a favor de una de las partes que protagonizan el proceso penal en la estafa contra el Estado que supera los $29,000, 000.
Explicaron que los expertos en construcciones David Enoc Marroquín Montenegro, Marcos Vinicio Vásquez Ramos, Luis Alberto Sandoval Ortiz, Luis Gerardo Moreno, Manuel Meza Calderón José, Luis Bonilla Valencia y Gerardo Zúniga Guardado trabajaban en el MOP y en el FOVIAL cuando realizaron los peritajes que ahora son ocupados en la acusación.
“Lo ideal habría sido que participaran personas ajenas en virtud de la independencia”, señaló durante un receso de la audiencia preliminar Iván Homero Guzmán, defensor del acusado Carlos Ruiz.
Idénticos reclamos hicieron los casi veinte defensores que participaron en la audiencia que durará cinco días más en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador. Señalaron, además, que los costos de la obra y el supuesto desfalco que las autoridades del gobierno de Mauricio Funes calcularon son incongruentes, no tomaron en cuenta los daños que las tormentas Mathew, Agatha y Alex ocasionaron en la estructura vial que une Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, sospecharon de la correspondencia que cruzaron el ministro Gerson Martínez y el jefe de la unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, como tampoco aclararon por qué algunos de los informes no tienen la firma de los peritos. Consideraron que las carencias eran suficientes para eliminar las pruebas del juicio, desbaratar el caso y declarar inocentes a los indiciados.
“Lógicamente es la prueba donde descansa la columna vertebral de la acusación”, dijo antes del mediodía el defensor Guzmán.
Una de las fiscales del caso respondió a los defensores que la ley faculta a los peritos públicos a participar en el estudio de estructuras para analizar irregularidades cometidas por exfuncionarios. Pidieron, asimismo, que si no pueden probar la parcialidad, no especulen. “No han comprobado que hayan favorecido a uno de los procesados (…) es atrevido hablar de fraude procesal”, comentó en la audiencia.
El ministro Martínez recordó que es común que entre la Fiscalía y las instituciones haya intercambio de correspondencia y consideró más importante que los exfuncionarios aclaren qué ha pasado con el millonario monto que estaba destinado para la construcción del ahora bulevar Monseñor Romero pero que nunca llegó a su destino.
“Es un subterfugio muy pero muy débil ante los cerca de $63,000, 000 que tienen que explicarse aquí (…) para que la justicia no se convierta en un trasmallo que cuela alevines para dejar pasar tiburones”, afirmó.
La audiencia preliminar durará cinco días. Los acusados pueden ser sobreseídos o el caso pasar a la vista pública.