Empleados del Ministerio de Seguridad supuestamente abrieron y sustrajeron información de uno de los sobres que envió Las Bahamas a El Salvador para agregar al expediente judicial contra el expresidente Francisco Flores, según Luis Martínez, fiscal general.
Miguel Ángel García Argüello, juez 7° de Instrucción, había cuestionado a la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía por qué manipuló la prueba contra el exmandatario pero según Martínez eso sucedió en Seguridad.
“La Corte Suprema advirtió que había sido vulnerado en el Ministerio, ya existe una investigación”, afirmó Martínez después de participar en la sesión solemne de la Asamblea con la que inició el trabajo de la legislatura 2015-2018.
Aseguró, además, que se ha “reservado el derecho” de demandar por difamación y calumnia a los abogados querellantes Berta Deleón, René Landaverde y Óscar Campos que el 23 de marzo denunciaron en una conferencia de prensa que Martínez había manipulado y ocultado los sobres que el gobierno bahameño envió como parte de la asistencia penal internacional que solicitó la Fiscalía.
“(Tomará acciones) contra las personas que andan achacando alguna actividad sucia contra mi persona”, amenazó.
La Convención sobre Asistencia Penal Mutua establece que cuando un país pide información judicial de un gobierno extranjero debe recibirla el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego pasa a la Fiscalía. Solo en este caso el orden se invirtió.
Los fiscales del caso también han pedido información bancaria y de movimientos empresariales del expresidente Flores a Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y nueve más. Ninguno de esos países tiene historia de esos tipos.
De acuerdo al reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) la embajada de Taiwán en el país entregó al exmandatario $15,000, 000 como cooperación para programas de combate a la pobreza, reconstrucción posterremotos del año 2001, programas de fomento productivo, entre otros. Pero el dinero no llegó a las arcas del Estado sino que fue desviado: $10,000, 000 a Costa Rica y posteriormente a una cuenta bancararia de ARENA en San Salvador y el resto a Las Bahamas donde la inteligencia financiera de Estados Unidos le pierde el rastro.
En el expediente judicial del caso consta que el exmandatario viajó al conjunto de islas ubicadas en el Océano Atlántico doce meses más tarde que el FinCen registró el movimiento bancario. Posteriormente regresó cuatro veces más. La última fue a principios de 2013.