El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, dijo que no prescribe la acción civil para los 9 exfuncionarios de CEL que supuestamente privatizaron LaGeo durante el gobierno de Francisco Flores.
«Nuestra posición es que, en primer lugar, es cierto que hubo un contrato entre el gobierno y Enel que fue de carácter legal, pero con unos administradores que actuaron con malicia, premeditación, de violar la Constitución de República y evitar la intervención de la Asamblea Legislativa para generar beneficios para ellos y para Enel”, afirmó Villalta.
El 18 de mayo, la jueza 7º. de Paz, Evelyn del Carmen de Jiménez, libró a nueve exfuncionarios de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) de la responsabilidad civil por la supuesta privatización encubierta de LaGeo.
Ramón Villalta señaló que en el mencionado contrato los exfuncionarios debían haber promovido una concesión y no un proceso prácticamente de arrendamiento con promesa de venta, debido a que el contrato le daba todas las potestades a Enel para llegar a convertir en propietaria del 100% de las acciones.
En ese sentido, “la responsabilidad de la acción penal para los miembros directivos de LaGeo que estaban siendo procesados en el juzgado Séptimo de Paz, es verdad que prescribió el delito de peculado, pero que prescriba la acción penal para ellos no significa que prescribía la responsabilidad civil”, añadió.
Villalta consideró que los exfuncionarios son responsables de la mala administración y de haber llevado adelante un negocio en el que se cometió un ilícito. “Si bien la acción penal ya no se les aplica, la responsabilidad civil debe ser aplicada”.
Por lo tanto, el director ejecutivo de ISD formuló un llamado a CEL y para quienes actúen en calidad de querellantes para que garanticen la apelación correspondiente ante la Cámara, la cual ya en otra oportunidad le dijo a la jueza Séptimo de Paz que estaba equivocada en su resolución cuando estipuló que el caso estaba en crisis porque no tenía la sustentación necesaria.
“La misma Cámara le corrigió la plana y le indicó todos los elementos legales que ella no había considerado. Por consiguiente, este caso no está concluido en la medida que existe el tiempo para que CEL o el querellante puedan presentar la apelación correspondiente.
El caso no está cerrado. Hay un sobreseimiento que lamentablemente fue solicitado por la Fiscalía General de la República que está actuando como el defensor de los que cometen los delitos y no como defensor de los intereses de los salvadoreños, indicó.
Acusación penal contra exfuncionarios
La Fiscalía General de la República presentó en septiembre de 2013 una acusación penal contra 19 exfuncionarios de gobierno por el delito de peculado, que consiste en el hurto de fondos del Estado aprovechándose del cargo público que ostenta el funcionario.
Según la Fiscalía, las irregularidades en el contrato hicieron perder al Estado salvadoreño más de 2 mil millones de dólares.
La audiencia inicial se llevó a cabo el 25 de noviembre del mismo año. La jueza decidió sobreseer penalmente a Óscar Armando Valdez Iraheta, Roger Martín Avilés, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Díaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Martínez y Paolo Pietrogrande.
A los otros siete imputados les decretó instrucción con medidas alternas a la detención. Estos son: el exministro de Economía, Miguel Lacayo, el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, el expresidente de LaGeo, Jorge Simán, el exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón, y el exdirectivo de LaGeo, José Ricardo Palomo Déneke.
También a los exdirectivos de la CEL y LaGeo, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría y Tom Roy Hawk Baker.
Embargo por $2 mil millones
En abril del año pasado, la Fiscalía solicitó el embargo por la cantidad $2 mil millones en contra de los procesados. La mayor parte del embargo fue contra las Sociedades Enel Green Power S. A. y Enel Green Power El Salvador S.A. de C.V., por la cantidad de 948 millones 359 mil 785 dólares con 1 centavo.
A los imputados Sol Bang y Miguel Lacayo se le embargó, a cada uno, bienes hasta por 37 millones 934 mil 391 dólares con 4 centavos.
En diciembre del año pasado, el gobierno salvadoreño acordó con la empresa italiana Enel finalizar el pleito legal entre ambos. El acuerdo incluía retirar la responsabilidad civil a la multinacional italiana. A cambio, Enel vendió al gobierno sus acciones en LaGeo por $280 millones.
Con base a ese acuerdo, la jueza exoneró de la responsabilidad civil a los nueve exfuncionarios del gobierno del expresidente Francisco Flores.