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Viaje silenciado podría propiciar antejuicio de Fiscal General

Luego que Diario1.com diera a conocer que el fiscal general, Luis Martínez, ocultara el más comprometedor de sus viajes en aviones privados del empresario Enrique Rais, denunciado en la Fiscalía, políticos y titulares de instituciones de transparencia hablan de un antejuicio y hasta de una destitución de Martínez.

Luis Canizalez, Julia Gavarrete y Victor Hugo Dueñas
Foto D1. Twitter de Luis Martínez. @luism_abogado
Foto D1. Twitter de Luis Martínez. @luism_abogado

El hecho que el fiscal general, Luis Martínez, ocultara el viaje comprometedor que hizo a bordo de un avión del empresario Enrique Rais, donde también iban los abogados de éste último, podría desencadenar en un antejuicio en su contra.

Lea: Fiscal General silenció su viaje más comprometedor

Las explicaciones, para la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Jackeline Rivera, no son suficientes en un caso donde hay una muestra de conflicto de intereses cuando el fiscal viaja en un avión propiedad de un empresario que estaba denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin ser “irresponsable”, la legisladora dijo que este hecho podría dar a una causal que inicie un proceso de antejuicio: “Cuando dejás en evidencia que no estás habilitado para ser imparcial, a la hora de cumplir una función constitucional, que es investigar el delito, esta es una causal para todo funcionario, de incumplimiento de sus funciones, que puede dar lugar a un antejuicio”.

Diario1.com publicó el pasado viernes que el fiscal general ocultó el viaje que realizó (en marzo de este año) en un avión propiedad de Enrique Rais,  empresario que recientemente fue denunciado en la Fiscalía y que dicha denuncia no prosperó nunca.

En ese viaje a Barbados, donde están registradas las empresas que pelean jurídicamente contra Rais, Luis Martínez iba acompañado de dos abogados del empresario dueño del avión.

Ante la falta de imparcialidad para investigar el caso, agregó Rivera, el fiscal debió estar “inhabilitado para conocer el proceso en el que sale involucrado el señor Rais”.

Sin embargo, para el presidente de ideología del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ernesto Muyshondt, antes de pensar en una destitución del cargo, se debe dar al fiscal la oportunidad de esclarecer y dar explicaciones.  “Si acaso no lo hace, va haber lugar a que se den una serie de especulaciones y dudas acerca de lo correcto o incorrecto de esas actuaciones”, aseveró el político de derecha, para quien el futuro de Martínez ante la Fiscalía dependerá de los argumentos que dé.

“Si sus explicaciones satisfacen a esta auditoría ciudadana y de los medios, creo que no va a tener ningún problema”, comentó.

Pero una de las instituciones de transparencia que también apoya la destitución del fiscal, ante algunas irregularidades en procesos judiciales, es Iniciativa Social para la Democracia (ISD). El encuentro entre los abogados y el fiscal, de acuerdo al director ejecutivo del ISD, Ramón Villalta, “simplemente se viene a sumar a todos los hechos donde el fiscal muestra no ser el defensor de los intereses del Estado salvadoreño”.

“Ese viaje evidencia que el fiscal general anda viajando con personeros y abogados de una persona empresaria que tiene casos de investigación en la Fiscalía”, señaló Villalta, no sin antes recalcar como uno de los puntos más graves que el fiscal utilice recursos  vinculados con abogados de un empresario con procesos penales  ante el Ministerio Público.

Hace unas semanas, el ISD pidió a la Asamblea Legislativa destituir a Martínez porque, a su juicio, no ha continuado las diligencias e investigaciones en el proceso contra el expresidente de la República, Francisco Flores, en el caso China-Taiwán.

Sobre este caso, la diputada Rivera coincide con el ISD de que el funcionario público da cierta prioridad a unos casos más que a otros. El partido al que pertenece, incluso, es de la idea que el fiscal tiene “una lista” en la que dictamina qué casos investigar y cuáles no. “Y lo vemos en el caso de Paco Flores, de negarse a investigar un delito que tendría que ser demostrado en sede judicial”, expuso.

Sanciones por ocultar información

El viaje que ocultó Luis Martínez, en un informe oficial de su Oficina de Acceso a la Información, es  considerado una falta “muy grave”  por el Instituto de Acceso a la Información Pública (LAIP).

De acuerdo con Gabriela Gámez, jurista del Instituto de Acceso a la Información Pública (LAIP), esa falta podría desencadenar una multa que asciende hasta los 20 salarios mínimos.  La sanción sería por suprimir información.

El pasado 28 de noviembre del 2014, la Unidad de Acceso a la Información de la Fiscalía rindió un informe a la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) sobre los viajes del fiscal Martínez a diversos países en aviones privados.

Pero ese documento oculta el viaje  más comprometedor que Martínez hizo acompañado Armando Serrano y César Pompilio López, abogados del empresario Enrique Rais.

Cuando se le preguntó al director de FUNDE, Roberto Rubio, respecto al viaje que ocultó el fiscal general, negó estar enterado y por ello evitó emitir una opinión.

“Si se entregó completa la información no sé, la única información que se entregó fue sobre los viajes del fiscal general, que son 13. Esa es la información que nos mandan, lo que no nos dieron fue lo de los gastos. Eso es lo único que podría decir”.

Sobre si FUNDE solicitará una sanción, Rubio se desmarcó y pidió que mejor se hablara con Roberto Burgos Viale, quien se encargó de solicitar la información de los viajes del fiscal a la oficina de la FGR.

Se intentó hablar vía teléfono en varias ocasiones con el señor Burgos Viale, para obtener respuesta si denunciarán ante la LAIP la omisión  del viaje, pero la asistente no logró enlazar con él.

No obstante, Rubio reconoció que “un funcionario no debería de aceptar ningún regalo de un privado: debería estar exento de esto. Debería de impedirse porque  establece una relación, menos en un caso donde el empresario Rais está vinculado a un proceso judicial”.

El titular de la Secretaría de Transparencia, Marco Rodríguez, consideró que no puede emitir una opinión sobre cómo fue manejada la información que se dio a conocer a través de la oficina de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía, porque la aplicación corresponde a la misma FGR y al fiscal.

Aunque la omisión de información es para la LAIP una falta muy grave, el secretario de Transparencia prefirió no opinar cuando se le preguntó si creía conveniente destituir de sus funciones Martínez. “No puedo pronunciarme al respecto. (El viaje) no solamente es un problema de conveniencia sino que es un problema de principios”, respondió.

De acuerdo a un estudio de medición del ISD, la Fiscalía no está dando a conocer toda la información de carácter público. Del cero al diez, solo revela el 5.8. El resto, el 4.2, lo ocultaría. “Esto quiere decir que más allá del viaje, que no había hecho público, existe más información que el fiscal no la está poniendo a disposición del público”, recalcó el director del ISD.

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