Cuando algunos analistas supieron que el caso del expresidente Francisco Flores se ventilaría en el Juzgado Primero de Instrucción, salieron a advertir que estarían vigilantes del proceso porque el juez de ese tribunal “no es confiable”.
El argumento de los analistas es puntual: el juez primero de instrucción, Levis Orellana, ha emitido fallos en otros casos polémicos de corrupción y ha dejado en libertad a varios de los imputados.
El pasado martes, minutos antes que la jueza Marta Rosales leyera su resolución y decidiera enviar el caso Flores a la fase de instrucción, representantes de diferentes organizaciones sociales llegaron a los tribunales para inscribirse como querellantes (oyentes y vigilantes) del proceso.
Ramón Villalta, presidente de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), aseguró que son al menos 12 organizaciones que estarán vigilantes del proceso judicial en contra del expresidente Flores.
De todos ellas, Villalta indicó que seleccionarán a cuatro abogados que participarán como querellantes en la fase de instrucción porque existe “desconfianza y temor por el desempeño del juez primero de instrucción”.
“Ahorita existe la desconfianza por los casos en los que él ha participado. Tenemos dudas por todos los rumores que hay dentro del mismo Órgano Judicial y los comentarios que se generan en torno a este juez. Esto pone en duda su calidad ética y el grado de transparencia”, expresó.
El presidente del ISD dijo que han solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue el desempeño del juez Primero de Instrucción. Además aseguró que ellos también lo están investigando y que con base a los resultados “vamos a pedir a la Corte que sea otro juzgado que lleve el caso”.
“Es una situación de cara al mundo. El Salvador debe dar una muestra de tener una alta responsabilidad institucional y funcionarios comprometidos con el combate a la corrupción. En ese sentido, el juez Levis Orellana no nos garantiza que vaya actuar apegado a esta visión”.
Fallos polémicos del juez
Desde el mes de mayo de 1998, el Juzgado Primero de Instrucción es presidido por Levis Italmir Orellana Campos, quien es graduado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de El Salvador.
En el 2001, Orellana dejó en libertad a Roberto Mathies Hill, acusado por el delito de defraudación a la economía pública en el caso FINSEPRO e INSEPRO.
Tres años antes, el Fiscal General, Belisario Artiga dijo estar convencido que las sociedades hermanas FINSEPRO-INSEPRO habían realizado una amplia operación de lavado de dinero.
Mathies Hill era un hombre de negocios muy allegado al partido ARENA. En ese entonces hubo personas que manifestaron que Mathies era un potable candidato a alcalde de San Salvador, pero el fraude a la economía pública por 171 millones de dólares lo llevó a la cárcel en 1997.
El 7 de junio de 2001, después de cuatro años de investigaciones, Mathies Hill fue declarado inocente por un tribunal de conciencia que ignoró las evidencias presentadas por la Fiscalía.
El juez Levis Orellana leyó el veredicto cerca de las 12:30 de la noche. Antes de leerlo, Orellana explicó a los periodistas que el fallo era responsabilidad del “tribunal del pueblo” (como él lo llamaba) y no de su tribunal. Mathies Hill recuperó su libertad ese mismo día.
El 22 de noviembre de 2001, Orellana emitió otro fallo polémico por el que recibió críticas. Esta vez, fue una resolución a favor del entonces presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), Juan Torres, procesado por el delito de peculado y por malversar varios millones de colones.
Juan Torres fue acusado de beneficiarse de préstamos personales y de vender a la firma Interforever los derechos de transmisión de los partidos de la selección salvadoreña de fútbol sin que ingresaran los fondos a las arcas públicas.
En este caso, el juez argumentó que la Fiscalía no esperó que la Corte de Cuentas terminara un juicio de cuentas para luego iniciar otro en el campo penal.
En el año 2000, el mismo juez liberó a José Benedicto Villanueva, a quien la Fiscalía acusó por la tenencia de 17 mil colones en billetes falsos.
Benedicto fue señalado de ser el supuesto líder de una banda asalta camiones, robacarros y poseedores de un arsenal de armas.
El juez Primero de Instrucción esgrimió que la portación de dinero falso no estaba tipificada como delito en las leyes del país y por lo tanto no estaba penalizada. Benedicto quedó en libertad y años después fue procesado y condenado por falsificar dinero.
Uno de los últimos casos mediáticos que el juez Orellana trató es el del excapitán de la Selección Nacional, Dennis Alas, acusado de sostener relaciones sexuales con una menor de 15 años de edad.
Hubo quienes criticaron la participación del juez por ser representante titular de Club Deportivo Águila. Incluso hubo personas que pidieron que el juzgador se declarara incompetente para resolver el caso. Nada de eso pasó.
En febrero de 2013, Dennis Alas fue condenado a tres años de prisión por el delito de estupro en el juzgado Primero de Instrucción de San Salvador, pero la pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
El pasado martes la jueza de paz, Marta Rosales, decretó orden de captura contra el expresidente Flores y envió el caso a la fase de instrucción. El caso lo verá el mismo juez que ahora es objeto de desconfianza por diversos sectores sociales.
En la fase de instrucción la Fiscalía deberá presentar las pruebas de la acusación formal que hizo en los tribunales, el pasado 30 de abril, en contra del expresidente. El juez decidirá si envía el caso a un tribunal de sentencia o absuelve a Francisco Flores.