La Fiscalía General de la República reveló esta mañana a los implicados en las anomalías del contrato CEL-ENEL, donde señala a exfuncionarios de gobierno, así como a empleados de empresas vinculados al caso.
De acuerdo con la Fiscalía, se cometieron diversos delitos, sin embargo la mayoría ha prescrito y solo se ha presentado requerimiento por peculado y falsedad documental agravada.
Por el primer delito se vincula a 18 personas. Aunque se tipifica el nivel de participación de cada uno.
El exministro de Economía, Miguel Lacayo, será acusado de instigador de peculado, y como coautores de peculado figuran: Guillermo Alfredo Sol Bang (expresidente de CEL), Jorge José Simán Zablah, Pedro Pablo Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyala, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tomás Roy Hawk Baker.
Son considerados cómplices necesarios en el delito de peculado: José Ricardo Palomo Déneke, Oscar Armando Valdez UIraheta, Roger Martin Aviles Iraheta, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christipher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Diaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Julio Martínez Martínez y Paolo Pietrogrande.
Por el delito de falsedad documental agravada son acusados Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo. Ambos son notarios y habría colaborado registrando documentos que facilitaron las irregularidades en el contrato CEL-ENEL.
De acuerdo con el fiscal general, Luis Martínez, a las 10:00 a.m. de este lunes se presentaron los requerimientos «en un tribunal de San Salvador» contra todos los implicados de forma simultánea al momento que su institución presentaba el informe técnico sobre las anomalías del contrato CEL-ENEL.
Se explicó que se ha solicitado «instrucción formal con detención provisional», lo que implica una eventual orden de captura contra todos los señalados. No obstante, la FGR espera que los implicados se presenten de forma voluntario a los tribunales y se aten al proceso.
El informe técnico de la Fiscalía expresa que las anomalías se cometieron entre los años 1994-1999, mientras fungía como presidente de la República Francisco Flores. No obstante, el fiscal sostuvo que «no hay ninguna participación directa o indirecta del ex presidente Francisco Flores» por este caso.
La Fiscalía, por otro lado, pedirá el sobreseimiento definitivo de los otros implicados debido a que los delitos ya prescribieron.
“Este trabajo realizado por la FGR es una oportunidad para empezar a enderezar la deuda histórica que el Estado tiene hacia la sociedad”, dijo Martínez, para quien también sienta un “precedente histórico”.
“Nadie está por encima de la ley. Esta investigación no es una vendetta de una determinada coyuntura política. Solo esperamos que reciban la sanción ante los tribunales de justicia”, agregó el fiscal.
Tras Luis Martínez, el abogado y coordinador de la Comisión Especial que formó la FGR para indagar sobre lo ocurrido con CEL-ENEL, Saúl Morales, expuso más hallazgos en torno a la entrega de bienes del Estado a la empresa italiana ENEL.
Explicó que en los años 1994-1999 «era costumbre que los funcionarios de gobierno acudieran a la Asamblea Legislativa a pedir una ley específica para concretar una privatización», y es así como se explica el surgimiento de la Ley de Electricidad donde se faculta a la Superintendencia de Electricidad y Comunicaciones autorizar la transferencia de los bienes de El Salvador a favor de la empresa extranjera.
Debió ser competencia de la Asamblea Legislativa autorizar esa transferencia «pero entró la Ley de Electricidad y se atribuyó esa facultad a la Superintendencia», comentó Morales.
Para argumentar su exposición, el coordinador de la Comisión Especial de la FGR recordó que el 8 de agosto de 1995, El Salvador suscribió un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una de las exigencias era «transformar» la CEL que en ese momento se consideraba un monopolio, por la importancia que revestía en la generación de energía.
En relación a ese requisito, el 25 de octubre de 1996 se promulgó la Ley de Electricidad pero se trastocó el hecho que la Asamblea debía estudiar el tema de las concesiones.
Grave perjuicio al país
Durante una hora aproximadamente, el coordinador de la Comisión Especial de la Fiscalía, Saúl Morales, expuso sobre cómo los exfuncionarios de gobierno trastocaron los procedimientos para grarantizar que la italiana ENEL se convirtiera en el socio estratégico de CEL.
Dentro del proceso, se omitió intencionalmente –según la Fiscalía- el valúo de los bienes que se iban a transferir.
No obstante, la Comisión Especial recurrió a peritajes para estimar que ahora son más de mil millones de dólares los que se reclaman debido al cuestionado contrato.
El fiscal Martínez sostuvo que se procederá a los bienes de todos los implicados en el caso, así como contra la empresa ENEL.
“Ha sido un contrato lesivo. ENEL no puede venir a decir que ignoraba lo que estaba pasando… Vamos a aplicar embargos contra los indiciados (acusados formalmente en tribunales), contra los sobreseídos y la empresa italiana”, añadió Martínez.
Fragmentos clave
En el informe técnico de la Fiscalía se enlistas 13 conclusiones sobre lo ocurrido en el contrato CEL- ENEL y cada una de estas evidencia las irregularidades cometidas desde el momento en que se dedicidió “transformar” la CEL a exigencia del contrato con el BID.
Presentamos imágenes de la exposición que este lunes presentó la FGR desde la Escuela de Capacitación Fiscal:
