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Reos descuartizaron vivo a líder de secta satánica

Lo asesinaron porque, según la versión oficial, sus compañeros de celda “ya no lo aguantaban”.

Redacción
EFE/ Marcos Pin
EFE/ Marcos Pin

El líder de una secta satánica fue desmembrado vivo durante un motín en una cárcel en la que estaba preso desde hace más de siete años.

Fidel Andrés Palomino fue descuartizado por sus mismos compañeros de celda (asesinos, secuestradores, extorsionistas y otros) porque, según la versión oficial, “ya no lo aguantaban”.

El criminal estaba preso y condenado por matar y descuartizar jóvenes. Es decir: murió de la misma forma en la que él mataba.

El criminal fue arrestado en el año 2012 y condenado un tiempo después a 25 años de cárcel.

Era el cabecilla de la secta Uñas Negras, con la que lideró la privación de libertad y asesinato de muchos jóvenes para, supuestamente, entregarlos en rituales satánicos.

Las investigaciones apuntaron a que pretendía limpiar la zona en la que vivía de delincuentes, prostitutas y negros.

Por eso es que los mataba con saña. Pretendía acumular unas 200 víctimas.

Los policías, sin embargo, también apuntaron a que en realidad pretendía apropiarse de la venta de drogas.

Fue asesinado en medio de los motines carcelarios ocurridos en Ecuador.

Hasta el momento hay unos 79 reclusos han muerto y una veintena de heridos en la sangrienta ola de motines que inició el martes pasado.

Los sucesos ocurrieron en dos centros de reclusión de Guayaquil (suroeste), 37 muertos; en el Turi de Cuenca (sur), 34 ; y en el de Cotopaxi (centro), 8.

La violencia extrema y las informaciones acerca de cuerpos descuartizados y decapitados, sumado al historial de motines en el país en los últimos años, dan lugar a cuestionamientos sobre el descontrol en las prisiones, la gran cantidad de armas halladas en poder de los reclusos, y la corrupción interna.

De acuerdo con expertos consultados por la agencia EFE las claves de los sucesos son las siguientes:

Arturo Torres, periodista y autor de varias investigaciones en este campo, considera que la “matanza” del martes “tiene una particularidad de disputa y una guerra entre organizaciones criminales que controlan las prisiones” a través de varias bandas.

Con base en información de la Policía, menciona a “Los Choneros” como “brazo armado del Cartel de Sinaloa” en Ecuador, país donde -dijo- el Cartel Jalisco Nueva Generación ha entrado en disputa de territorios para el envío de droga al exterior.

Las autoridades suponen que el asesinato en diciembre pasado de alias Rasquiña, presunto líder de “Los Choneros”, y el decomiso de armas en una de las cárceles la noche del lunes, pudo ser el detonante en una acción planificada y coordinada en cuatro cárceles de forma simultánea.

Edmundo Moncayo, jefe del servicio de prisiones, confirmó el martes en una rueda de prensa que preveían algún tipo de ajuste de cuentas tras el asesinato de Rasquiña, y aunque “se retrasó”, vinculó directamente ese hecho ocurrido en la ciudad de Manta y las matanzas en las prisiones, sin dar ninguna explicación a por qué no se había preparado un dispositivo frente a esa posibilidad.

Ricardo Camacho, subsecretario del Ministerio de Justicia encargado de los centros carcelarios entre 2017 y 2018, habla además de un “débil” sistema penitenciario, con alrededor de 1.500 guardas cuando se requeriría de al menos 7.000.

El sistema penitenciario “está totalmente desbordado, tratando de apagar incendios”, dice por su parte Torres, y asegura que el sistema no tiene un enfoque sistémico, adolece de fallas estructurales y escasos recursos económicos: “siempre el sistema penitenciario ha sido la última rueda del coche”.

Su presupuesto promedio anual está ahora en alrededor de 95 millones de dólares y gasta once dólares diarios en cada preso.

Esto genera una “economía interna del crimen” en las cárceles, donde la corrupción ha permitido también el paso de armamento, celulares y otros materiales.

Datos de la autoridad de prisiones indican que en Ecuador hay 38.693 personas privadas de libertad distribuidas en 67 cárceles, con capacidad para 29.897, lo que representa un hacinamiento el 29,42 %.

Además, el 70 % de los presos se concentra en las prisiones donde ocurrieron los hechos, según dijo Moncayo el martes.

Para Torres, el sistema penitenciario es un “enfermo terminal” que vio empeorar su situación cuando el Código Orgánico Integral Penal (COIP) endureció en 2015 las penas para los microtraficantes y se definieron 70 nuevos delitos.

Todo ello, desbordó las cárceles y al sistema judicial, que “abusa” de la prisión preventiva, dijo.

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