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La crisis de Nicaragua impacta en migración y comercio de Centroamérica

El efecto de más peso ha sido, sin duda, la salida de miles de nicaragüenses huyendo de un conflicto que ha dejado cientos de muertos y detenidos.

ACAN-EFE
Foto LA PRENSA/ARCHIVO
Foto LA PRENSA/ARCHIVO

La crisis que estalló hace un año en Nicaragua ha impactado en la dinámica migratoria y comercial de Centroamérica, con la vecina Costa Rica como la más afectada, y ha signado sin mayor estridencia los nexos políticos regionales con la única excepción del caso del Gobierno electo de El Salvador.

El efecto de más peso ha sido, sin duda, la salida de miles de nicaragüenses huyendo de un conflicto que ha dejado cientos de muertos y detenidos, abatido la economía del segundo país más pobre del continente y disparado el desempleo.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cifró este martes en 62.000 los nicaragüense que han dejando su país en el último año a causa de la crisis sociopolítica, de los que 55.000 han llegado a territorio costarricense.

De acuerdo con Acnur, muchos de los emigrantes nicaragüenses, que en principio eran adultos pero luego fueron familias enteras, han optado por entrar irregularmente a Costa Rica, a cuyo Gobierno la Agencia elogió los esfuerzos en la recepción de estos refugiados.

Costa Rica históricamente ha sido un sitio de acogida para miles de nicaragüenses que han huido de su país por diversas razones, como los conflictos armados internos, especialmente en la década de 1980.

Por la actual crisis han llegado a tierras costarricenses reconocidos dirigentes sociales como Álvaro Leiva, líder de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y única persona a la que hasta el momento se le ha otorgado asilo político.

También el periodista Carlos Fernando Chamarro, quien forma parte de un grupo de comunicadores nicaragüenses que ahora desempeñan la profesión desde Costa Rica; y el exmagistrado Rafael Solís, quien es padrino de bodas de Ortega y Rosario Murillo, actual vicepresidenta.

Un estudio presentado el lunes en San José por la Fundación Arias para la Paz determinó que el 53 % de los nicaragüenses que han llegado a Costa Rica por la actual crisis con estudiantes o profesionales.

Según esa investigación, el ingreso de la mayoría de ellos se dio durante julio, agosto y septiembre pasados, en coincidencia con las llamadas operaciones “limpieza” y “represión selectiva” ejecutadas por las fuerzas de seguridad y grupos afines al sandinismo, de acuerdo con denuncias opositoras y de onegés humanitarias.

La violencia callejera que caracterizó a las etapas iniciales de la crisis, en las que se registraron la mayoría de las víctimas mortales, tuvo sus primeros efectos en el tránsito regional de mercancías debido a los bloqueos en las vías nicaragüenses.

El Gobierno de Panamá llegó a pedir en junio pasado la suspensión temporal de los envíos de bienes por tierra a Nicaragua luego de que más de un centenar de sus transportistas quedó varado en medio del conflicto, una situación que afectó también a la carga de otros países de la región.

En marzo pasado, unas tasas que comenzó a cobrar Nicaragua a las mercancías con destino a ese país o en tránsito fueron tildadas por las Cámaras de Comercio de Centroamérica como “obstáculo” a un comercio intrerregional ya afectado históricamente por la inseguridad en las carreteras y la burocracia en las aduanas.

El Gobierno de Daniel Ortega ha aplicado reformas tributarias y a la seguridad social en busca de fondos luego de que economía se contrajo un 3,8 % en el 2018, según datos del Banco Central.

La situación nicaragüense también ha generado cierta tensión en las relaciones diplomáticas en la región, que lleva años intentando consolidar su unión en todos los ámbitos con el llamado Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).

Los Gobiernos centroamericanos han expresado públicamente que el diálogo entre el Ejecutivo de Ortega y la oposición debe ser la vía para superar el conflicto. Costa Rica y Panamá han dado un paso más allá al pedir que se investigue la muerte de manifestantes.

El gobernante electo de El Salvador, Nayib Bukele, mostró desde la campaña proselitista su rechazo a Ortega, al que califica como “dictador”, y anunció que ni el líder sandinista ni los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, serán invitados a su acto de investidura el próximo 1 de junio.

“Dictador es dictador. De derecha o de izquierda”, publicó el mandatario electo salvadoreño en su cuenta de Twitter

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