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Exvicepresidenta de Guatemala pide cerrar proceso por corrupción

Baldetti se encuentra en prisión preventiva desde agosto de 2015. La exfuncionaria es acusada de dirigir una estructura que cobraba sobornos a empresarios en las aduanas para evadir impuestos

AFP
Foto: Referencia.
Foto: Referencia.

La encarcelada exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti pidió este lunes cerrar el proceso penal en su contra, aduciendo falencias de la fiscalía, que la acusa de encabezar una mafia de defraudación aduanera que la obligó a renunciar en 2015.

“Yo le pido señor juez que detenga las medidas de coerción en mi contra, que cancele el presente proceso, por la pobre investigación del Ministerio Público”, demandó Baldetti durante una audiencia ante el juez Miguel Ángel Gálvez.

Lo instó también a cerrar el proceso penal por “la evidente falta de prueba, no podrán comprobar lo conducente en ningún debate oral y público”.

Baldetti se encuentra en prisión preventiva desde agosto de 2015 a la espera de ser juzgada, tras renunciar a la vicepresidencia por los cargos de dirigir una estructura que cobraba sobornos a empresarios en las aduanas para evadir impuestos.

La exvicepresidenta (2012-2015) fue trasladada de la cárcel Santa Teresa al edificio de Tribunales de la capital para participar en la audiencia de la llamada fase intermedia, en la cual el juez Gálvez debe decidir se ella enfrenta un juicio oral y público.

Baldetti aseguró que el Ministerio Público “no podrá demostrar la supuesta entrega de dinero a mi persona por supuestos cobros, porque jamás me entregaron nada, cómo me lo van a demostrar si no lo recibí”.

Calificó como “un error” haber nombrado como su secretario privado a Juan Carlos Monzón, quien se convirtió en el colaborador más eficaz con que cuenta la fiscalía.

En ese caso también está vinculado el detenido expresidente Otto Pérez, quien en los próximos días participará en una audiencia similar.

La investigación que los mantiene presos junto a varios de sus ministros, empresarios y particulares, fue liderada por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU bajo el mando del colombiano Iván Velásquez.

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